La administradora de una comunidad de vecinos niega apropiación indebida

Según el escrito del Ministerio Público (que elevó a definitivas sus conclusiones), la acusada, siendo hija de uno de los propietarios de la comunidad de vecinos, primero ejerció el cargo de secretaria y pasó luego a ejercer de forma profesional todas las funciones como administradora de la comunidad.

Como tal administradora, la acusada estaba autorizada las sendas cuentas que dicha comunidad tenía en dos entidades bancarias, cuentas en las que se tenía domiciliados distintos recibos generales de la comunidad, si bien, para atender al resto de gastos no domiciliados en aquellas cuentas, se utilizaba el sistema de extender cheques contra aquellas cuentas por el importe del gasto concreto, cheques que eran firmados por el vecino que ejercía las funciones en aquel momento de presidente de la comunidad y por la propia acusada. Cheques que unas veces eran nominativos a favor de la persona que debía cobrarlos, y otras se extendían al portador.

«En ambos casos, la acusada presentaba al presidente de la comunidad el cheque con el importe a abonar, comunicándole el gasto que lo justificaba, dinámica esta última que permitió a la acusada, guiada por un ánimo de lucro a consta de lo ajeno y haciendo abuso de la confianza que en ella tenían los distintos presidentes dado los muchos años que la misma llevaba gestionando la comunidad, presentar al correspondiente presidente distintos gastos que no se correspondían con realidad alguna, logrando que le firmara un talón al portador y ser ella misma quien lo presentara al cobro, haciendo suyo el importe», se recoge en el escrito del fiscal.

«En 2006, la acusada cobró doce cheques al portador, once por sí misma y uno a través de su marido, por un importe de 5.175,75 euros que se corresponden básicamente con los gastos de administración, material de oficina, fotocopias y correos consignados en las cuentas anuales de dicho año. Pero en 2007, la acusada pasó a cobrar por sí misma 33 cheques al portador por importe de 15.121,60 euros, cuando los gastos de administración, material de oficina, fotocopias y correos consignados fueron de 5.107,50 euros, lo que supone una diferencia de 10.014,10 euros que la acusada hizo suya a lo largo del año», detalla el fiscal.

«Para ocultar esta distracción de dinero de la comunidad durante 2007, la acusada presentó en las cuentas anuales un certificado de saldo en la cuenta del banco donde falsamente se decía que, a 31 de diciembre de 2007, había un saldo positivo de 10.262,90 euros, cuando en realidad había un saldo negativo de 3.969,39 euros», agrega la Fiscalía. «En el ejercicio correspondiente a 2008, la acusada pasó a cobrar por sí misma hasta 72 cheques al portador por un importe de 28.109 euros, cuando los gastos consignados lo fueron por un importe de 4.976,21 euros, lo que supone una diferencia de 23.132,88 euros que la acusada hizo suya a lo largo del año», prosigue el fiscal.

«Para ocultar esta distracción de dinero de la comunidad durante 2008, la acusada presentó en las cuentas anuales otro certificado de saldo en la cuenta del banco donde falsamente se decía que, a 31 de diciembre de 2008, había un saldo positivo de 10.970 euros, cuando en realidad había un saldo negativo de 7.642,47 euros. Este falseamiento de los saldos existentes en las cuentas supuso que, a 31 de diciembre de 2008, hubiera salido de las cuentas de la comunidad, sin justificación alguna, al menos 18.612,47 euros».

«Durante 2009, la acusada cobró por sí misma hasta 109 cheques al portador por un importe de 47.054 euros. En esta anualidad, la acusada ya no presentó la correspondiente cuenta anual, si bien los gastos de 2009 eran de 5.198,10 euros, lo que supone una diferencia de 41.856 euros que la acusada hizo suya a lo largo del año», apunta el Ministerio Público.