Acaip denuncia obstrucción a la Justicia en la investigación de la celda 61

El Juzgado de Instrucción número 2 de Palencia investiga las condiciones en las que los cuatro presos fueron recluidos en esta celda entre abril y mayo del año pasado, en condiciones que, según el sindicato denunciante, vulneran los principios más básicos de derechos humanos.

La celda número 61 de la prisión de La Moraleja, en Dueñas, está reservada para los internos sospechosos de portar sustancias estupefacientes en su cuerpo, sobre todo cuando vuelven de los vis a vis. Acaip asegura que la celda no tiene agua corriente, no hay grifo ni desagües, ni tampoco ventilación porque las ventanas están selladas. En su interior, dos cámaras de videovigilancia están permanentemente activas y siempre hay luz, incluso por la noche. Además, denuncian que a esa celda se le une una salida en el inodoro que conduce a un recipiente externo para recoger e incautar cualquier objeto o sustancia que defeque el interno, una tarea que lleva a cabo otro recluso. Con esta fórmula, según sostiene Acaip en la denuncia, se buscaba encontrar sustancias prohibidas en personas sospechosas.

Los cuatro internos que figuran en la denuncia permanecieron allí entre dos y cuatro días, sin salir, y no se les proporcionaba agua hasta que hubieran pasado 20 horas. José Luis Pascual sostiene que se vulneraron los más elementales derechos humanos y recalcó que es un caso único en todo el país. La celda número 61 se construyó en 2015 y se puso en funcionamiento en marzo de 2017. Entre marzo y junio, pasaron cinco internos, que permanecieron allí entre tres y siete días. Todos salieron después de autolesionarse, y uno de ellos incluso llegó a intentar ahorcarse y le descolgaron los funcionarios nada más detectarlo con las cámaras, según agrega el texto de la denuncia planteada por Acaip.

Acaip denunció públicamente esta situación a comienzos del mes de junio y, ante la falta de respuesta en el secretario general de Instituciones Penitenciarias, tomó la decisión de trasladarlo a los tribunales por la vía penal en un proceso en el que ejerce la acusación particular e imputa al director de la prisión de Dueñas, Francisco Javier Díez, y al director general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Yuste.

No obstante, José Luis Pascual reconoció que, desde que se denunció el caso, los internos que son sospechosos de portar droga en su interior son trasladados para que se les realice una radiografía y se pueda comprobar. «Ahora no pasan en esa celda más de unas pocas horas, hasta que llegan los medios necesarios para trasladar al interno a realizar la fotografía», agregó.

El Juzgado de Instrucción número 2, que instruye las diligencias previas, ha enviado un exhorto a la juez de Vigilancia Penitenciaria para que le remita la información que tenga sobre estos hechos. Igualmente, ha enviado la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias un requerimiento para que envía los expedientes de los cuatro reclusos y los libros de servicio de la cárcel.

Desde hace más de dos meses, se espera esta información que aún no ha llegado. «No tiene ningún sentido, puesto que no es algo que tengan que reparar o que recabar. Desde que el sindicato denunció estas irregularidades, se abrió un expediente informativo con todos los datos de lo ocurrido, por lo que está completamente preparado para ser remitido al juzgado, y no entendemos por qué motivo no se hace», indicó. Por este motivo, Acaip considera que Instituciones Penitenciarias está cometiendo un delito de obstrucción a la Justicia, al no facilitar la información que se le pide, por lo que denunciará la situación ante el juzgado.