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Edificios de la calle Gaspar Arroyo derruidos tras la explosión de gas. GABRIEL VILLAMIL
Una onda expansiva de diez años

Una onda expansiva de diez años

Los vecinos de Gaspar Arroyo conmemoran el décimo aniversario de la explosión de gas con la esperanza de que el juicio civil del mes de octubre termine por restañar las heridas

Ricardo Sánchez Rico

Sábado, 29 de abril 2017, 11:16

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Quienes sufrieron de lleno la tragedia, aquellos que perdieron a sus seres queridos, que vieron venirse abajo sus casas, que saltaron de la cama a la calle sin tiempo para coger ni ropa de abrigo, que temieron por su vida y por sus hogares, aún ven el humo si cierran los ojos. Y también las llamas crepitar sobre la montaña de escombros. Si callan, escuchan los chillidos, los gritos, la desesperación. Ese olor a destrucción, esa visión apocalíptica, ese cruel sonido, no se olvidan nunca. Por más que hayan pasado diez años. Hay heridas que no cicatrizan, que siguen supurando siempre, que solo pueden restañarse, nunca cerrarse por completo. Pasado mañana se cumplen diez años de la explosión de gas de la calle Gaspar Arroyo, que se saldó con la muerte de nueve personas, una treintena de heridos y más de un centenar de perjudicados, una terrible deflagración que derrumbó el edificio número 4 y obligó a demoler los bloques colindantes, el 2 y el 6. La onda expansiva se ha propagado ya una década y los damnificados esperan contenerla el próximo octubre, cuando las demandas civiles sean vistas en un juicio del que, más que indemnización, esperan condena.

Rosa Riol, Ángeles y Julia Montes, Ana Isabel Amor, Mari Luz González, Leonila Morate, Hilario de Mena, Petra Rastrilla y Eduard Dulama. Los nombres de las nueve víctimas mortales. Los cuerpos sin vida de los siete primeros fueron rescatados de entre los cascotes de los bloques quebrados por la explosión, los restos de los dos últimos fueron localizados días después en la escombrera cercana al antiguo estadio de La Balastera, cuando los análisis de ADNde la Policía Científica certificaron que eran los de la octogenaria mujer y del joven de origen rumano. Allí, a ese solar, habían ido a parar las toneladas de escombros en que se habían convertidos los tres inmuebles. Uno de ellos, el 4, derrumbado por completo, los otros dos, con daños tan graves que el Ayuntamiento tuvo que ordenar su derribo, comenzado este dos semanas después de la explosión y finalizado tras otras dos semanas de trabajo.

Para entonces, muchos de ese centenar largo de perjudicados, vecinos procedentes de los diez bloques de viviendas ubicados de la calle Gaspar Arroyo que fueron atendidos en un primer momento en el cercano convento de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados y que recurrieron luego a familiares, amigos u hoteles para encontrar un lugar donde cobijarse, sabían ya que tardarían en volver a sus casas. Los técnicos de Incosa, empresa contratada por el Ayuntamiento de Palencia para el estudio de los daños en las estructuras de los bloques de viviendas afectados por la explosión de gas, decidieron que los inmuebles 3, 5 y 7 no fueran también demolidos, pero sí sometidos a una profunda rehabilitación debido a los graves daños sufridos. En el resto de los inmuebles el 1, 8, 9 y 10, las inspecciones para ver los daños estructurales continuaron hasta asegurarse de que los vecinos pudieran volver a sus viviendas, mientras la Junta de Castilla y León asumió el coste de los pisos de alquiler para realojar a los vecinos afectados por la explosión de gas en la calle Gaspar Arroyo que no estaban en hoteles o en casa de familiares.

La Junta de Castilla y León y el Ayuntamiento de Palencia perfilaron la reconstrucción de los tres edificios de la calle Gaspar Arroyo derruidos y trabajaron con celeridad en la búsqueda de fórmulas técnicas y jurídicas para permitir modificar el Plan General de Ordenación Urbana, por entonces en tramitación, y poder reconstruir los bloques 2, 4 y 6. Y el Ministerio de la Vivienda comprometió la financiación del 50% del presupuesto necesario para reedificar los bloques, una aportación que se realizó dentro del convenio redactado entre las tres administraciones implicadas en la reconstrucción. Por fin, y tras un concurso de ideas convocado por la Delegación de Palencia del Colegio de Arquitectos de León, el proyecto ganador, cuyos autores fueron Lorena Rodríguez Villalba, Esteban Rodríguez Calleja y Rodrigo Zapatero Flórez, de un estudio de arquitectos de Palencia, fue entregado a la Dirección General de Vivienda de la Consejería de Fomento de la Junta para que lo supervisase y lo cediese a Gical para iniciar los trámites de licitación y de adjudicación de las obras de reconstrucción de los bloques derruidos tras la explosión.

Así, el 25 de septiembre de 2008, los vecinos de la calle Gaspar Arroyo se despertaron con la agradable vista de las primeras máquinas trabajando en el solar vacío que dejaron los bloques números 2, 4 y 6 tras la trágica explosión. Los primeros trabajos fueron el cubrimiento de los huecos dejados por las excavaciones arqueológicas, y después los estudios geotécnicos para fijar dónde debían colocarse los pilares de la construcción. La obra, promovida por la empresa Gical, que dependía de la Junta, y efectuada por Fomento de Construcciones y Contratas (FCC), tenía un presupuesto de 2,7 millones de euros, cantidad adelantada por la sociedad pública, aunque con la intención de recuperar la inversión con las aportaciones de los seguros comunitarios y particulares referidos al continente de las viviendas desaparecidas y con las indemnizaciones judiciales.

Tres años y dos meses después de la explosión de gas, el 1 de julio de 2010, el grueso de las familias afectadas por la tragedia recogieron las llaves de sus nuevas casas en la Delegación Territorial de la Junta. Volvían a su calle, a Gaspar Arroyo, antes de que conocieran la decisión del titular del Juzgado de Instrucción Número 3 de Palencia de archivar la investigación seguida para determinar si existían indicios penales en la actuación de la empresa encargada del mantenimiento de las instalaciones de gas. En su auto, el juez no apreciaba en la actuación de los cinco mandos medios y altos de Gas Natural que estaban imputados en las diligencias por la explosión indicios de delito o de imprudencia en sus deberes de cuidado en las instalaciones.

El archivo del caso pese a que el Servicio de Técnica Policial de la Comisaría General de la Policía Científica de Madrid ratificó en la ampliación de su informe inicial sobre las causas de la explosión que una fuga en la válvula de la toma general de gas del edificio causó la detonación no era firme, y los afectados recurrieron a la Audiencia para sentar en el banquillo a algún responsable de la explosión. Pero en junio de 2011, el alto tribunal archivó definitivamente las diligencias para determinar si existió un delito de imprudencia que diera lugar al accidente. El auto judicial cerraba definitivamente la posibilidad de un juicio penal, aunque dejaba abierta la puerta a la jurisdicción civil para que los afectados reclamasen las indemnizaciones que consideraran oportunas.

La Audiencia no estimó los recursos que presentaron afectados, compañías de seguros y la propia Asociación de Afectados de Gaspar Arroyo y confirmó el dictamen que emitió el 25 de octubre de 2009 el Juzgado Número 3 de Palencia. El alto tribunal insistió en que no se apreciaba en la actuación de los cinco mandos medios y altos de la empresa Gas Natural indicios de delito o de imprudencia en sus deberes del cuidado de las instalaciones. El texto judicial recordaba ue la instalación de gas fue ejecutada correctamente y que funcionó sin incidencia alguna durante un largo período de tiempo, quince años, sin que los materiales de los elementos en los que se localizó la fuga estuvieran afectados por el paso del tiempo. Además, la Audiencia señalaba que los responsables de mantenimiento de la red cumplieron las revisiones reglamentarias para el control de las instalaciones de gas.

El auto dictado por la Audiencia no era firme y no admitía ningún recurso, por lo que cada afectado, de forma individual, debía decidir si emprendía algún tipo de reclamación de indemnizaciones por la vía civil. Un total de 58 demandas individuales, más 22 de compañías de seguros y las del Ayuntamiento y la Junta, con una cuantía exigida en indemnizaciones de más de 7 millones de euros, se verán el próximo mes de octubre por espacio de diez días en el Juzgado Número 1 de Palencia. Si el fallo judicial resultante se hace firme, la Asociación de Víctimas y Afectados de Gaspar Arroyo será disuelta.

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