El Defensor del Pueblo lleva a Barruelo de Santullán ante la Fiscalía

  • El municipio palentino se encuentra entre los once ayuntamientos de toda España que obstaculizan el trabajo de la institución

El Defensor del Pueblo ha pedido a la Fiscalía General del Estado que valore si es de aplicación el artículo 502.2 del Código Penal ante "la actitud no colaboradora" de once ayuntamientos que "obstaculizan" el trabajo de la institución.

Estos municipios son los de Colmenar de Oreja (Madrid), Cadaqués (Girona), Molvízar (Granada), Macael (Almería), Nerja (Málaga), Mazarrón (Murcia), La Unión (Murcia), El Viso de San Juan (Toledo), Gerindote (Toledo), La Pola de Gordón (León) y Barruelo de Santullán (Palencia).

Todas las administraciones tienen la obligación de responder al Defensor del Pueblo y de remitir la información solicitada. De no hacerlo, la institución puede poner los hechos en conocimiento del Ministerio Fiscal, recuerda en un comunicado.

Barruelo de Santullán no ha contestado a la institución desde septiembre de 2015, que le ha requerido hasta en tres ocasiones información sobre el mal estado de una carretera que dificulta el acceso a una vivienda.

El Ayuntamiento de Colmenar de Oreja (Madrid) recibió el último requerimiento de información en julio de 2015, en relación con una queja por el riesgo de desplome de un muro construido sin licencia.

A Cadaqués (Girona), el Defensor del Pueblo le envió el tercer requerimiento de información en septiembre de 2015, por un expediente relacionado con el idioma de las indicaciones escritas que acompañan a los paneles de señalización de tráfico.

Molvízar (Granada) recibió el último requerimiento de información en junio de 2015, en el trámite de una queja presentada por un ciudadano que denunció unas obras y al que el Ayuntamiento no contestó.

Con el municipio de Macael (Almería), el Defensor del Pueblo mantiene una actuación relativa a la falta de pago por la realización de unos trabajos y le envió por tercera vez una petición de información en octubre de 2015 que todavía no ha obtenido respuesta.

Nerja (Málaga) lleva más de un año sin contestar a las peticiones de información del Defensor del Pueblo, que tiene abiertos dos expedientes por la falta de respuesta del Consistorio a las solicitudes de un agente de policía local.

Mazarrón (Murcia) suma dos expedientes sin respuesta, que fueron emitidos en septiembre de 2015 y se deben a incidencias con vías pecuarias y ordenación del tráfico.

La Unión (Murcia) no ha respondido al Defensor del Pueblo, después de los tres requerimientos efectuados, el último en julio de 2015, por un expediente relacionado con la falta de actuación del ayuntamiento ante el incumplimiento de la ordenanza municipal sobre recogida de excrementos de animales.

Con el municipio de El Viso de San Juan (Toledo), el Defensor del Pueblo mantiene dos expedientes abiertos: uno por la falta de acceso rodado a una urbanización y otro por no haber dado copia de las actas de los plenos municipales a un ciudadano que así lo había pedido.

Gerindote (Toledo) recibió el último requerimiento en abril de 2015, en relación con una queja presentada por un ciudadano a quien este Ayuntamiento no contestó a su solicitud de información por la posible concesión irregular de una licencia urbanística.

Con La Pola de Gordón (León), la institución tramita una queja por la situación de los accesos a la gasolinera del Polígono de Valdespín y realizó el tercer requerimiento en abril de 2015.