El Ayuntamiento de Palencia renegocia con la Diputación un convenio de 19 millones

Zona de la cesión de terrenos, junto a las instalaciones deportivas de San Telmo.
Zona de la cesión de terrenos, junto a las instalaciones deportivas de San Telmo. / Enrique Camina
  • La prórroga acordada en el pleno permite ganar otros dos años para reajustar un inviable pacto sobre la cesión de suelo en la calle Jardines

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Están en juego 19 millones de euros que el Ayuntamiento debe a la Diputación por la cesión de suelo para poder abrir al tráfico la calle Jardines. Es el justiprecio que estableció en su momento la comisión de valoración –puesto que la institución local y la provincial no se ponían de acuerdo– para compensar a la Diputación por los 38.287 metros cuadrados que cedió en la zona del centro asistencial San Telmo.

Corría el año 2010, y puesto que el Ayuntamiento no disponía de dinero para pagar «esas cantidades brutales», representantes de ambas administraciones negociaron una fórmula para «pagar en especie con el aprovechamiento urbanístico», en palabras de la concejala de Urbanismo, María Álvarez. El acuerdo consistió en que se compensaría a la institución provincial volviéndole a entregar parte de ese suelo convertido en urbanizable. Serían 18.113 metros cuadrados en los que se podría edificar y se permitiría mayor altura de la que se recogía en el Plan Especial de Reforma Interior (PERI) de la zona. Así, se alcanzaría el valor del justiprecio.

Esa entrega debería hacerse en el plazo de dos años, y también en dos años el Ayuntamiento tendría que modificar el Plan General de Ordenación Urbana, en el PERI de ese área para recalificar los terrenos como urbanizables y concretar las alturas permitidas.

Esencialmente, el pacto permitió hacer las obras para abrir la calle Jardines, que comunica la de Francisco Vighi con la avenida de Cardenal Cisneros. Así, daba solución a un antiguo problema de fluidez de accesos al centro y de descongestión del tráfico en la zona.

Pero el convenio nunca se cumplió. Es más, llegados a este fecha, tanto los responsables del Ayuntamiento como de la propia Diputación son conscientes de que es inviable porque se incurría en incumplimientos urbanísticos. De hecho, tampoco se ha aprobado la modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana, una de las condiciones indispensables para aplicar el pacto.

Rechazo vecinal

A ello se une la oposición de los vecinos a que se aplique el convenio, según manifestó en su momento la Asociación de Vecinos del Barrio de Santiago. Un rechazo que se mantiene ahora y que se debe, sobre todo, a las alturas en los edificios que se recogen en el convenio.

Así las cosas, el Ayuntamiento y la Diputación han decidido renegociar las condiciones del convenio. Las áreas de urbanismo de una y otra parte han mantenido ya algunas reuniones con participación de la presidenta de la Diputación, Ángeles Armisén. «Estamos muy satisfechos por la colaboración que han mostrado desde la institución provincial. Nos han manifestado su disposición a dialogar y a ser flexibles», según indica la concejala del área.

Entretanto, el pleno municipal del pasado jueves aprobó una nueva prórroga del convenio, puesto que la vigencia tras dos moratorias anteriores terminaba el 1 de octubre. Y está previsto que la Diputación haga lo mismo en su próxima sesión plenaria, de manera que se ganan otros dos años para reconducir el asunto.