Afectados por la hipoteca denuncian que hay 248.000 casas vacías en la región

Las Plataformas Antidesahucios y Stop Desahucios denunciaron ayer la existencia de 248.000 viviendas vacías en Castilla y León y una media de 10.000 órdenes de ejecución hipotecaria al año, por lo que han pedido que se fomente el alquiler social y se amplíe el parque público de viviendas. De hecho sólo en el primer trimestre de 2015 hubo casi 2.000 ordenes de ejecución en esta Comunidad, según manifestó ayer en una rueda de prensa Teodosio Villahoz, portavoz de la PAH de Palencia, ciudad donde se celebró la Asamblea Regional de la Plataforma Antidesahucios (PAH) y Stop Desahucios de Castilla y León.

Una asamblea que reunió ayer en el Consejo de la Juventud de Palencia a representantes de trece plataformas de Castilla y León para informar de los trabajos que vienen realizando conjuntamente todas las PAH autonómicas, en defensa del derecho a una vivienda digna.

Villahoz se preguntó «¿cómo es posible que haya gente sin casa y 248.000 viviendas vacías?», y que a la vez se produzcan 10.000 ordenes de ejecución al año, de las que el 75% son la vivienda habitual de una familia.

Además, añadió que hay 40.000 personas que viven en la calle en Castilla y León y 100.000 que no pueden pagar la calefacción en invierno «en una comunidad donde hace mucho frío» y el coste de la energía supera el 10% de los ingresos de las familias, según informa la agencia Efe.

Frente a esto, la Sareb ha llegado a un acuerdo con la Junta de Castilla y León para ceder cien viviendas que van a suponer un coste de 660.000 euros a la administración, aunque «el coste real de esa cesión puede alcanzar el millón y medio de euros», sañeló Pepe Lobato, de Stop Desahucios Valladolid.

«Ese dinero se podía invertir en la adquisición de viviendas, en lugar de volver a pagar unas viviendas que son nuestras y mantenernos en un bucle del que no salimos nunca», señaló Lobato.

Rebajar el mínimo

Por todo ello, demandan que se amplíe el parque de viviendas publicas y facilite el acceso a la vivienda publica en Castilla y León, rebajando el mínino de los 24.000 euros de ingresos anuales que se exigen actualmente y «que no se ajustan a la realidad, cuando las nominas no llegan a los mil euros».

También solicitan que se reforme la ley de alquileres y que la nueva Ley de Vivienda de Castilla y León tenga en cuenta esta problemática.

En esta línea, recordaron que este mes han registrado en las Cortes de Castilla y León un escrito que incluye la ley catalana sobre vivienda, aprobada por unanimidad, para que sea tomada como referencia para reformas pendientes en esta comunidad. Piden también que se establezcan unos mínimos y se garantice el suministro de agua, luz y gas, a los hogares en situación de mayor vulnerabilidad y que se cree un observatorio de la vivienda compuesto por representantes de las instituciones y de la sociedad.

Además de la dación en pago retroactiva, la supresión de todas las cláusulas abusivas, que no se desahucie a ninguna familia sin una alternativa habitacional y que no haya más desahucios, resumió Villahoz. Por ultimo, demandan que se depuren responsabilidades y se busque a los responsables de esta situación entre los constructores inmobiliarios, los bancos y cajas que tasaban las casas, los bancos que daban los créditos y por extensión el Banco de España, los notarios y el poder político.