La infanta pide al Supremo la condena en costas a Manos Limpias por acusarle

Urdangarin, hace un año, tras declarar ante la Audiencia de Palma. / Enrique Calvo I EP

La defensa de Urdangarin pide su absolución aunque «ya ha sido condenado por parte de la sociedad»

Melchor Sáiz-Pardo
MELCHOR SÁIZ-PARDOMadrid

La defensa de Cristina de Borbón ha pedido al Tribunal Supremo que confirme la condena en costas a Manos Limpias por acusarle en el juicio de Nóos, de forma «temeraria» y de mantener la petición de ocho años de cárcel contra la infanta al final del proceso como cooperadora necesaria de los delitos de su marido. Unas acusaciones de las que fue absuelta por la Audiencia Provincial de Palma.

El letrado Pau Molins ha sido muy duro con el pseudosindicato, cuyos responsables están procesados por el intento de chantaje, entre otros, a la infanta. La acusación popular –ha sostenido el abogado actúo con «patente de corso» con el único fin de hacer daño a la infanta. «Esa actitud de procesal solo buscaba lesionar dignidad y procurarle un daño mediático», ha apuntado el letrado, insistiendo en que Manos Limpias pidió una «condena absolutamente desproporcionada de ocho años de prisión, una pena inédita» para la colaboración necesaria en dos delitos de fraude fiscal.

«Los propósitos de Manos Limpias tienen que ver con intereses espúreos y alejeados de la justicia. Se promocionaban mediáticamente o, visto lo visto, buscaban lucrarse pidiendo dinero a los acusados», ha denunciado Molins, que ha reiterado el «abuso de su posición procesal». «Estos hechos deberían hacer reflexionar seriamente sobre la figura de la acusación popular», con vista a «poner coto al abuso de esa figura», ha clamado el letrado.

Absolución

«Pido la absolución del señor Urdangarin, que a día de hoy ya ha sido condenado a viene condenado por determinada parte de la sociedad y por determinados medios de comunicación». El abogado defensor del exduque de Palma, Mario Pascual Vives, ha reclamado al Tribunal Supremo que anule la sentencia que condenó a su cliente a seis años y tres meses de cárcel porque –ha defendido- el marido de la infanta Cristina no cometió delito alguno en sus negocios al frente del instituto Nóos con las administraciones valencianas y baleares.

Pascual vives, en una exposición muy técnica, ha negado punto por punto los delitos por los que la Audiencia Provincial de Palma condenó a Urdangarin: dos delitos fiscales, prevaricación, malversación, fraude y tráfico de influencias. En síntesis, ha sostenido que los foros Valencia Summits e Illes Baleares Forum por los que Nóos se embolsó cinco millones de euros de dinero público entre 2004 y 2006 fueron, en realidad, una ruina para Urdangarin y su socio Diego Torres, porque supusieron un «déficit económico» para Nóos. «Se ha perdido dinero en la práctica totalidad de los foros», ha insistido por su parte Manuel González-Peeters, letrado de Torres.

Sin beneficio alguno, Vives ha defendido que su cliente no pudo cometer delitos fiscales. El letrado ha criticado con dureza los cálculos sobre los dos fraudes de Urdangarin, al tiempo que ha insistido en que no hubo prevaricación o malversación porque las adjudicaciones a dedo a Nóos de los eventos de Valencia y Palma, pues estos actos no debía someterse a concurso público, porque solo el instituto Nóos podía realizarlos. Fueron una «esponsorización».

«El motor de toda la secuencia delictual»

Por su parte, la Fiscalía lanza todo su arsenal para intentar que el Tribunal Supremo aumente –o al menos no rebaje- las penas a Urdangarin y Torres. «Iñaki Urdangarin y Diego Torres han constituido el motor de toda la secuencia delictual. De ellos partió la iniciativa y de ellos partió la corrupción de los funcionarios públicos», ha denunciado la fiscal del alto tribunal, María Ángeles Garrido.

La representante del Ministerio Público ha insistido en reclamar mayor dureza para los dirigentes del Instituto Nóos porque eran totalmente conscientes de que los Illes Baleares Forum y los Valencia Summits que consiguieron de las administraciones que dirigían Jaume Matas y Francisco Camps vulneraban la «competencia de libre mercado». «En la administración pública no se puede hacer todo lo que se quiere», ha apuntado Garrido, quien ha destacado que Urdangarin y Torres consiguieron que los funcionarios hicieran una «omisión absoluta de los procedimientos administrativos». «Fue una prevaricación continuada», ha insistido la fiscal.

Condena de 6 años y 3 meses de cárcel

Urdangarin fue condenado a 6 años y 3 meses de cárcel por la Audiencia Provincial de Palma. El cuñado del Rey se juega su futuro penitenciario en la vista de los recursos ante el Alto Tribunal. Si el Supremo mantiene la condena de primera instancia o la aumenta, tal y como reclama la Fiscalía que pide para él hasta diez años, el marido de la infanta Cristina podría ingresar en prisión. No obstante, el fallo del tribunal podría demorarse semanas, incluso meses, y será en última instancia el tribunal sentenciador, la Audiencia de Palma, la que decida sobre su entrada inmediata o no en la cárcel.

Junto a Urdangarin fueron juzgadas otras 16 personas, entre ellas su esposa, la infanta, que fue absuelta, aunque la Audiencia de Palma sí que le consideró responsable civil a título lucrativo de 265.088 euros por los delitos de su marido. Solo Manos Limpias acusó a Cristina de Borbón. El pseudosindicato, casi desparecido por la investigación de sus chantaje (entre ellos a la propia infanta) no recurrió la sentencia, por lo que la absolución de la hija de don Juan Carlos es firme. Además de Urdangarin fueron condenadas otras seis personas, entre ellas Torres y el expresidente balear Jaume Matas. Torres, para el que la Fiscalía pidió hasta 16 años y medio y que también pide la absolución en el Supremo, fue condenado a ocho años y medio por prevaricación en concurso con falsedad, malversación, fraude a la administración pública, tráfico de influencias, un delito contra la Hacienda Pública y uno de blanqueo.

Por su parte Matas, que igualmente pedirá la anulación del fallo de Palma, fue sentenciado a tres años y ocho meses de prisión por un delito continuado de prevaricación en concurso medial con un delito de falsedad en documento público y con un delito de malversación de caudales públicos

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