Catorce detenidos en una operación contra la corrupción en la dirección de la Policía y de Tráfico

Una joven llora durante la operación de los agentes antidisturbios de la Policía Nacional. / Quique García (Efe)

Asuntos Internos acusa a los arrestados de haber amañado durante años adjudicaciones.

Melchor Sáiz-Pardo
MELCHOR SÁIZ-PARDOMadrid

La Unidad de Asuntos Internos y la Fiscalía han desatado hoy una operación contra la corrupción en la Dirección General de la Policía y la Dirección General de Tráfico. Según fuentes de la investigación, se trata de una supuesta red sobre el amaño de servicios como caferías, limpieza y obras. Hay 14 de detenidos y el epicentro de la presunta trama se centra en la División Económica y Técnica de la Dirección General de la Policía, aunque también salpica a la gestión de Tráfico, donde habría un encausado que habría tenido un papel clave, según la Fiscalía Anticorrupción.

La investigación está siendo coordinada por el Juzgado de Instrucción número 50 de Madrid, que ha declarado secretas las actuaciones. Las pesquisas comenzaron por orden del director adjunto operativo del CNP, Florentino Villabona, tras tener conocimiento de amaños continuos en las adjudicaciones durante los últimos años.

Según informa la Fiscalía, la operación está siendo llevada a cabo por efectivos del Grupo II de la Unidad de Asuntos Internos de la Policía. En la llamada operación Grapa, afirma Anticorrupción, se investiga “a un conjunto de personas (unos funcionarios públicos y otros empresarios), que están relacionadas con el amaño de concursos públicos, tanto en la Dirección General de la Policía, como de la Dirección General de Tráfico; así, los funcionarios públicos se habrían estado beneficiando económicamente de forma ilícita a cambio de favorecer la adjudicación de contratos públicos a determinadas empresas privadas”.

Los hechos delitos investigados son organización criminal; fraude a las Administraciones Públicas; prevaricación; cohecho, ilícitos contra la Hacienda Pública y blanqueo de capitales

El Juzgado de Instrucción nº 50 de Madrid ha autorizado un total de 22 registros domiciliarios y de entidades sociales en los partidos judiciales de Madrid, Pozuelo de Alarcón, Móstoles, Navalcarnero, Ávila, Arenas de San Pedro y Guadalajara.

Igualmente, por Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada se ha solicitado la adopción de medidas cautelares, consistentes en el bloqueo de cuentas bancarias, embargo de 13 vehículos (la mayoría de alta gama), así como la anotación preventiva de embargo y prohibición de disponer de un total de 6 inmuebles.

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