Los observadores concluyen que el referéndum del 1-O no cumplió los estándares internacionales

Ciudadanos, depositando sus votos./Reuters
Ciudadanos, depositando sus votos. / Reuters

Cuestiona el procedimiento de aprobación de la ley del referéndum: mayoría cualificada, debate limitado y omisión del Consell de Garantías

EUROPA PRESS

El equipo de observadores internacionales International Limited Observation Mission (Ilom), liderado por el exembajador holandés Daan Everts, ha concluido que el referéndum del 1 de octubre no pudo cumplir los estándares internacionales "por las circunstancias adversas en las que se celebró" debido a la intervención policial.

En un comunicado, los observadores han destacado que durante la votación se produjeron cargas policiales y se requisó material, y señalan que, "pese a ello, el personal de las mesas de votación se esforzó mucho para tratar de seguir los procedimientos electorales".

Si bien el informe del equipo que lidera Everts apunta que no se han cumplido los estándares internacionales, avisa de que la actuación de la Policía Nacional y la Guardia Civil para impedir el referéndum "ha reforzado" el resultado de la votación.

Los observadores han seguido el proceso del referéndum desde principios de septiembre, y han constatado que "la respuesta del Gobierno español, que pretende respetar el Estado de derecho y proteger la integridad territorial, ha tenido el efecto contraproducente de reforzar el resultado".

"El uso de la fuerza mostrada por la policía española no tiene lugar en democracias consolidadas", subrayan, y destacan que la respuesta del Gobierno central para intentar evitar el referéndum se ha basado en la fuerza.

Críticas a la aprobación de la ley del 1-O

El informe también analiza el procedimiento por el que se alumbró la ley del referéndum, y señala que se aprobó "incumpliendo una serie de buenas prácticas, como la lectura única, el debate limitado, sin consultar el consejo de garantías y sin una mayoría simple cualificada".

En cuanto a la Sindicatura Electoral de Cataluña -la junta electoral del 1-O que se disolvió una semana antes-, los observadores internacionales explican que se reunieron en varias ocasiones con sus miembros, que sufrieron "amenazas y multas" por parte del Estado y los tribunales. Esto provocó que "muchas de las disposiciones para el referéndum no se hicieron públicas y el proceso no fuera transparente", alertan, y señalan que el Estado actuaba contra todas las decisiones que tomaban.

Recuerdan, además, que los miembros de las mesas no pudieron ser informados con normalidad porque la policía intervino las cartas de notificación, y que muchos catalanes no sabían dónde tenían que votar porque no se proporcionaron listas de las mesas de votación.

El día de la votación

Los observadores internacionales se dividieron en diez equipos y visitaron 106 centros de votación el pasado domingo: vieron que el registro electrónico falló a primera hora y que se optó por "métodos de verificación propios" hasta que volvió a funcionar.

En dos tercios de las mesas faltaba material esencial como papeletas y el registro electoral, si bien "en el 98% de los centros visitados las personas podían votar" porque se ofrecían alternativas y recursos.

Vieron intervenciones de los Mossos d'Esquadra, la Policía Nacional y la Guardia Civil, y constataron que la intervención policial provocó que "en más del 25% de las mesas el proceso de votación fuera temporalmente suspendido o el material de votación se escondiera para evitar su confiscación".

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