Intervención de alta intensidad

ANTONIO PAPELLMadrid

El Consejo de Ministros ha plasmado hoy el acuerdo logrado por el Gobierno con el PSOE y Ciudadanos para aplicar el artículo 155 de la Constitución al conflicto catalán, que básicamente consiste en la destitución del Gobierno y su sustitución por otro provisional; la asunción por el presidente del Gobierno de la Nación de la facultad de disolver el Parlamento autonómico catalán; la limitación de las facultades de dicho Parlamento, que no podrá proponer un candidato a la presidencia del Gobierno ni celebrar la moción de investidura ni adoptar iniciativas contrarias a la Constitución. Asimismo, el Gobierno tomará el control de los Mossos d'Esquadra.

Un largo preámbulo justifica la medida excepcional que se ha adoptado, efectivamente, por la "desobediencia rebelde" del Govern y al término de un proceso de deriva —de "incumplimiento deliberado y contumaz" de la legislación vigente— en que la Generalitat se había instalado en una legalidad paralela, con absoluto menosprecio de las normas constitucionales. Algún analista ha dicho atinadamente que se ha pasado del 678 al 155 (en los días 6, 7 y 8 de septiembre, el Parlamento catalán violentó estrepitosamente la legalidad del Estado español).

Se ha confirmado que la pretensión consensuada por los tres partidos constitucionalistas y el Gobierno, plasmada en la propuesta oficial del Poder Ejecutivo, consiste en una intervención temporal que desemboque en la convocatoria de elecciones autonómicas en el plazo de seis meses. Asimismo, la vicepresidenta del Gobierno ha confirmado que las medidas se adoptarán de forma progresiva, y con una flexibilidad que podría requerir nuevas intervenciones del Senado para ampliar el grado o el alcance de la medida, que no hace más que materializar el legítimo control de la federación sobre los entes federados.

Como es conocido, la decisión del Ejecutivo ha pasado ya al Senado, donde se ha formado una comisión específica que la tramitará con arreglo al artículo 189 del Reglamento de la Cámara, que prevé un requerimiento al presidente de la Comunidad Autónoma para que formule, directamente o por persona delegada, las alegaciones que considere oportunas. Se prevé que la tramitación de la propuesta del Gobierno podría durar hasta el próximo viernes, con la aprobación en plenario de ese día.

La intervención de la Generalitat plantea una labor muy ardua que tropezará sin duda con inconvenientes de distinto signo. El más relevante, que ahora se descubre cuando muchas voces avisaron de ello en el pasado, se debe al reflujo del Estado en Cataluña, hasta el extremo de que sólo el 9% de los funcionarios públicos de la comunidad pertenecen a la administración central. Ya se sabe que el funcionario, por formación y por vocación, tiende a instalarse en la legalidad más estricta y a comportarse en ella con exquisita neutralidad. Sin embargo, es evidente que tal desconexión ha llevado a prescindir de canales de comunicación que ahora resultarían muy útiles. El Estado federal es cooperativo, y en España hemos estado a un paso del modelo confederal, que ha hecho posible la deriva catalana en materias en que el Estado debía haber mantenido su influencia, su presencia y su control (no es inocuo, por ejemplo, que haya sido posible enseñar una historia deforme durante décadas a los colegiales catalanes).

De otra parte, y como ha advertido con un cinismo inmejorable Artur Mas, es previsible que los soberanistas introduzcan todos los palos que puedan en las ruedas de la intervención, además de acentuar la movilización de la calle (hoy mismo ya se celebrarán manifestaciones contra el 155). Si de lo que se trata es de hacer pedagogía, de descubrir ante los catalanes el torrente de posverdad –de burdas falsedades muchas veces— que han derrochado los independentistas sobre la realidad, el camino emprendido requiere raudales de sutileza y de paciencia. La reducción de la autonomía para salvar la autonomía es un concepto abstracto que habría que explicar con gran pericia (y no andamos sobrados de ella por ninguna de las partes). De entrada, la guerra de nervios ha comenzado: hoy mismo "se caían" las webs del Tribunal Constitucional y de otras instituciones del Estado por obra del grupo Anonymus en la llamada 'operación Cataluña'. La idea de un gobierno independentista 'de concentración' que se oponga a la intervención está hoy madurándose en los círculos del soberanismo (Rufián lo ha mencionado en unas declaraciones), la DUI podría ser votada y aprobada la próxima semana, y es de imaginar que las asociaciones sociales cuya razón de ser es la movilización para conseguir la independencia, con mayoría suficiente o sin ella, pondrán toda la carne en el asador para inquietar a los agentes de la intervención. Se aproximan tiempos difíciles, en los que no se puede descartar algún brote de violencia. El realismo es necesario.

Por ello mismo, por la evidencia de que el mejor de los escenarios imaginables –el de unas elecciones autonómicas limpias en enero, que arrojarían por lógica otra vez el 'empate técnico' entre soberanistas y no soberanistas— tampoco augura grandes progresos en la concordia, el entendimiento y la reducción del conflicto, parece necesario recordar que aún es tiempo de instar a las partes a la reflexión. Aún quedan unos días en que sería posible evitar que la intervención se consume. La posibilidad de que Puigdemont convoque elecciones autonómicas, o anuncie que piensa hacerlo, es, pues, una hipótesis todavía no descartable, y ello abriría la puerta a alguna clase de "contactos" –huyo intencionadamente de los términos diálogo y negociación— que encarrilasen un retorno incruento a los cauces de legalidad que a su vez dieran paso a las reformas precisas. Iceta acaba de proponer a Puigdemont un pacto de Estado en el Senado, como vía alternativa a la convocatoria de elecciones… Si hubiera voluntad, habría formas de encuentro.

Ya se sabe que la democracia no resiste que quienes están en el Estado de Derecho 'negocien' con quienes se han puesto voluntariamente al margen y han dado por ello un verdadero golpe de Estado, pero en un país como en el nuestro, que ha padecido el terrible drama del terrorismo etarra y en el cual todos los gobiernos (sin excepción) han hablado y negociado con los terroristas, estos absolutos deben relativizarse un poco. El conflicto catalán debe tener en el extremo un final dialogado, y la obligación de todos es caminar en esta dirección por la vía más corta posible dentro de la legalidad, tratando de respetar el espíritu de las leyes y derramando en el camino las menos lágrimas posibles.

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