La Fiscalía tendrá la última palabra en las denuncias a Mossos

Enfrentamientos entre los Mossos y la Guardia Civil.

Al menos ocho juzgados han abierto diligencias previas y piden a la policía catalana informes sobre su actuación

Mateo Balín
MATEO BALÍNMadrid

Al menos ocho juzgados ordinarios de Cataluña han abierto diligencias previas de oficio o por denuncias de particulares, en su mayoría, por la supuesta desobediencia de los Mossos d'Esquadra en el cumplimiento del mandato judicial, que ordenaba el cierre de los edificios y locales públicos que fueran usados para el referéndum del domingo y la incautación de todo el material electoral para evitar la votación.

En concreto, los órganos que han recibido estas denuncias son el Juzgado de Instrucción número siete de Barcelona (ocho), el Juzgado de Instrucción tres de El Vendrell (una), el Juzgado de Instrucción siete de Cerdanyola del Vallès (tres), el Juzgado de Instrucción uno de Santa Coloma del Gramanet (una), el Juzgado de Instrucción cuatro de El Prat de Llobregat (dos) y el Juzgado de Instrucción cuatro de Mataró (una).

Asimismo, el Juzgado de Instrucción número dos de La Seu d'Urgell (Lérida) ha abierto diligencias de oficio por supuesta desobediencia de los Mossos a las medidas acordadas por la magistrada del Tribunal Superior de Cataluña Mercedes Armas, en el marco de la querella presentada por Fiscalía contra el Govern. En concreto, en su auto del pasado miércoles reclamaba, además de impedir la votación, la obligatoriedad para que la policía catalana, Guardia Civil y Policía Nacional actuaran “conjuntamente” para la efectividad de lo ordenado.

En este caso, el juzgado ilerdense asegura que se impidió la votación en al menos siete emplazamientos y ha pedido información a los Mossos sobre el dispositivo de seguridad y prevención del delito puesto en marcha este domingo. La misma circunstancia ha ocurrido con el Juzgado de Instrucción cuatro de Lérida.

Desobediencia y omisión

La apertura de diligencias previas supone que los juzgados, además de pedir informe previo a los Mossos, deberán de dar traslado a las respectivas fiscalías provinciales para que resuelvan sobre la admisión a trámite o no de las denuncias. En caso positivo, el Ministerio Público tendría que dirigir la acción penal contra las persona o personas supuestamente responsables de la desobediencia de las resoluciones judiciales, un delito penado con inhabilitación para empleo o cargo público, o de la omisión de perseguir delito.

En este punto hay que recordar que el Tribunal Constitucional ya advirtió, entre el millar de altos cargos, a los responsables de los Mossos en caso del incumplimiento de sus resoluciones. Por su parte, el mayor de la policía catalana, Josep Lluís Trapero, remitió una circular interna antes de la votación en la que llamaba a sus agentes cumplir el mandato judicial pero evitando el uso de la fuerza. Ayer mismo, además, aseguraron que había incautado más de dos centenar de urnas y cerrados otros tantos colegios electorales.

Todos estos factores deberán ser tenidos en cuenta por los juzgados para decidir si prosperan o no las denuncias presentadas y contra quién. La Fiscalía tendrá probablemente la última palabra. Al tratarse de un órgano jerarquizado, el fiscal general José Manuel Maza y el superior de Cataluña, José María Romero de Tejada, serán quienes tomen una decisión.

Asimismo, el Juzgado de Instrucción siete de Barcelona también ha abierto diligencias previas por una denuncia de la Generalitat contra la actuación de la Policía y la Guardia Civil, que acabó con más de 800 heridos en diferentes lugares de Cataluña. Del mismo modo, el Juzgado de Instrucción cuatro de Amposta tiene una causa abierta por un delito de lesiones, el Juzgado de Instrucción cuatro de Granollers otra por una denuncia por uso de datos personales y el Juzgado de Instrucción cuatro de Rubí tiene una causa por desobediencia y lesiones tras una detención. El detenido pasó a disposición judicial y se acordó su libertad provisional.

Contenido Patrocinado

Fotos

Vídeos