Extravío independentista

El secesionismo catalán no puede atribuir a la actuación judicial su propio desvarío, cuando es incapaz de asegurar un nuevo Gobierno

El exconseller Jordi Turull, a la salida ayer del Supremo, a la espera de que el juez Pablo Llarena decidiera si decretaba su ingreso en prisión provisional. /Alvarado-Efe
El exconseller Jordi Turull, a la salida ayer del Supremo, a la espera de que el juez Pablo Llarena decidiera si decretaba su ingreso en prisión provisional. / Alvarado-Efe
EDITORIAL

La prisión provisional dictada por el juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, contra Jordi Turull y otros cuatro dirigentes independentistas procesados por rebelión desbarata el propósito de Junts per Catalunya y ERC por investir al exconsejero como presidente de la Generalitat. Turull quedó ayer inhabilitado para hacerse cargo de la presidencia de Cataluña. Por discutible que resulte la imputación del delito de rebelión a los procesados, en tanto que implicaría violencia en la vulneración de la legalidad, la adopción de medidas cautelares por riesgo de fuga y reiteración delictiva por parte del Supremo invalida a Turull. La legislatura surgida de los comicios del 21-D está abocada a una de dos. A agotarse antes de que se haga efectiva para dar paso a nuevas elecciones, o a investir a alguien que pueda presidir la Generalitat con la solvencia parlamentaria requerida. El independentismo no puede atribuir en exclusiva a la actuación judicial su propio extravío, cuando se muestra incapaz de asegurar siquiera una mayoría dispuesta a conformar un nuevo Gobierno autonómico,cuando insiste en testimoniar la continuidad de su empeño, evitando retractarse expresamente respecto a aquellas acciones que han sido calificadas de rebelión por la Fiscalía y el Tribunal Supremo. El autoexilio de siete dirigentes y el encarcelamiento de otros nueve dejan más que en entredicho la entereza del secesionismo, cuando cada uno de sus grupos de referencia parece moverse a su aire. Las manifestaciones de protesta por la resolución del juez Llarena son comprensibles emocionalmente, pero responden también a la frustración que deriva de la ineptitud política de una alianza que nunca ha llegado a serlo, de un movimiento que no ha cuajado como alternativa de gobierno. El independentismo no debería recurrir por más tiempo a imputar sus desdichas a la «represión del Estado»; cuando es su obcecación por lo imposible la que, tratando de paliar su falta de unidad, ha ensayado para nada con tres candidatos a la presidencia de la Generalitat.

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