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El presidente del Parlament, Roger Torrent, abraza a la esposa de Jordi Turull, Blanca Bragulat, tras la declaracion institucional que Torrent ha realizado en en el auditorio del Parlament, Alberto Estévez-Efe
Evaluación política

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Ha quedado demostrado que no existe un proyecto independentista mayoritario capaz de asegurar el gobierno de Cataluña

editorial

Domingo, 25 de marzo 2018, 10:25

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La investidura de Jordi Turull se confirmó ayer fallida, con el presidente del Parlamento catalán, Roger Torrent, evitando una segunda votación –dado que el Tribunal Constitucional había resuelto inválida toda designación en ausencia del candidato–, aunque promoviendo un debate tras el cual procedió a la lectura de una declaración institucional, con el llamamiento a la conformación de un «frente común por la democracia y los derechos fundamentales». El independentismo puede encontrar un cierto consuelo unitario al indignarse con una resolución judicial que impide la personación de Turull a su propia investidura como presidente de la Generalitat. Pero la actuación del juez Llarena no sirve para justificar la inexistencia de un proyecto político mayoritario favorable a la inmediata desconexión de Cataluña respecto al Estado constitucional, ni capaz de hacerse con las riendas de la Generalitat autonómica. En la sesión parlamentaria de ayer, el presidente de la Cámara y los portavoces de Junts per Catalunya, ERC y la CUP coincidieron en el llamamiento contra nada menos que «la quiebra del Estado de derecho». Al día siguiente de que el diario de sesiones del Parlament publicara una norma contra el criterio del Constitucional para facultar votaciones a distancia, el independentismo institucionalizado se mostraba incapaz de rectificar un ápice en su empeño por hacer de la dignidad personal de sus dirigentes presos o autoexiliados su única razón de ser. Como si los secesionistas no encontraran la puerta de salida a su propia obcecación, o perseveraran en encerrarse en su particular encastillamiento. Las acusaciones que contienen los procesamientos dictados por el juez Llarena encuentran su propio ámbito de discusión ante el juicio al que se ven abocados los investigados. Pero los grupos políticos representados en la Cámara catalana tienen un cometido ineludible: asegurar el gobierno de la Generalitat. El problema del independentismo es que no acaba de aceptar que su proyecto maximalista debiera comenzar por ahí para hacerse creíble incluso ante los suyos. Se encela en la confrontación abierta con el Estado constitucional; en una liza desigual entre la legitimidad reclamada y la legalidad vigente. El resultado de tal inquina está siendo desastroso; tanto para el propio independentismo como, sobre todo, para el porvenir de Cataluña.

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