Bajo chantaje, no cabe negociación

ANTONIO PAPELLMadrid

Puigdemont es un eslabón más del complejo políticosocial independentista que, sin escrúpulos democráticos (su designio es mesiánico), ha organizado esta gran mascarada soberanista, que se basa en un gran engaño a los catalanes y en una tremenda deslealtad hacia todos los españoles. Por eso era impensable que el presidente de la Generalitat, marioneta en manos ajenas, no respondiera al guión que le habían prefijado los promotores verdaderos del desmán, líderes de la ANC y Ómnium Cultural, representantes de la CUP y su entorno, agentes mediáticos y culturales empeñados en la estrategia del desgajamiento étnico de Cataluña del tronco español, etc. Y en estas condiciones, ha sucedido lo previsible: en la disyuntiva de regresar a la senda constitucional o profundizar en el diferendo, Puigdemont ha optado por la segunda vía y ha declarado con gran ambigüedad la independencia a consecuencia de los supuestos resultados del inválido y pintoresco referéndum del 1-O, aunque ha añadido acto seguido que propone la suspensión temporal de los efectos de dicha declaración que no ha llegado a realmente a formularse para dar una oportunidad a la negociación, a la mediación y al diálogo.

La ambigüedad ha vuelto a hacer acto de presencia, y no ha quedado claro si se ha realizado o no la declaración solemne de constitución de la República Catalana que preveía la ilegal ley del Referéndum. El presidente de la Generalitat (que ya está siendo considerado ‘traidor’ por la CUP a causa de esta ambigüedad) ha pretendido suspender lo que aún no había ni siquiera declarado del todo. Su voluntad de nadar y guardar la ropa se ha hecho ostentosa. Moncloa ha considerado –la noticia llega cuando se escriben estas líneas— que la proclamación de independencia se ha producido, y hace bien: ya no caben más juegos florales ante un asunto que está emponzoñándolo todo desde hace meses.

Sea como sea, es claro que las condiciones en que debería avanzarse según las tesis de Puigdemont son inaceptables por el Estado. El chantaje que se propone es tan manifiesto –o se aceptan las propuestas nacionalistas o se aplica la independencia ya declarada que el nacionalismo considera válida— que ninguna democracia podría admitir el planteamiento. El diálogo (nunca la mediación, que no es aplicable al caso) no es concebible sin el previo retorno explícito del soberanismo al cauce constitucional. El Estado no puede ni ignorar las vulneraciones de la legalidad que se han cometido, ni mirar hacia otro lado ante la desobediencia de la policía autonómica, ni cabe hacer tabla rasa de los procesos penales abiertos.

La única manera de buscar un desenlace a esta situación endiablada y que permita ganar tiempo para sosegar los ánimos, hoy demasiado excitados, la ha propuesto Iceta en su templado, incisivo, realista y democrático discurso: unas elecciones autonómicas convocadas cuanto antes daría pie a abrir un proceso de negociación entre partidos sobre reformas –constitucionales y estatutarias- que podrían emprenderse en la nueva etapa. Quizá sea esta la única vía pacífica que nos queda.

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