¿Por qué no se aplica el 155?

¿Cuál es la razón por la que, hasta ahora, no se hayan adoptado medidas disuasorias para evitar la escalada que puede desembocar en la declaración de independiencia de Cataluña?

LUIS SÁNCHEZ-MERLO

Un lamento irrumpe en conversaciones, tertulias y tribunas de prensa, a propósito de la aplicación pendiente del artículo de nuestra Constitución, que mejor conocen los españoles, para aplacar la sedición catalana ¿por qué no se aplica el 155? El último en pronunciarse ha sido Alfonso Guerra, protagonista destacado en la confección del pacto constitucional, con ese estilo directo y sin afeites que le dio fama de político fibroso y deslenguado. «¿Qué clase de demócrata defiende la Constitución pero no su artículo 155? Que el PP aplique el 155, tienen mayoría absoluta en el Senado».

Cuando ha pasado algo tan grave como la desobediencia del gobierno de una región que representa el 20% del territorio español a los tribunales y al Gobierno de la Nación es difícil entender por qué no se ha activado esa respuesta legal que contempla el Estado de Derecho para situaciones como esta. ¿Qué se nos escapa? ¿Cuál es la razón por la que, hasta ahora, no se hayan adoptado medidas disuasorias para evitar la escalada emprendida y que puede desembocar en la declaración de la independencia de Cataluña? ¿A qué se está esperando? ¿Cómo es posible que, en 40 años, los sucesivos gobiernos de la Nación no hayan tenido tiempo ni voluntad de desarrollar, a través de una ley orgánica, el artículo 155?

De acuerdo con el artículo 155, la comunidad autónoma de Cataluña ha incumplido reiteradamente las obligaciones que la Constitución y otras leyes le imponen. Ha atentado gravemente contra el interés general de España. El Presidente de la comunidad no ha sido requerido por el Gobierno, por lo que el Senado (con mayoría absoluta del partido que apoya al Gobierno) no ha podido facilitar la adopción, por parte del Ejecutivo, de las medidas necesarias para obligar a la comunidad autónoma a cumplir forzosamente dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general. Pues bien, el interés más general que puede haber es el interés en que se cumpla la ley y en que se evite su incumplimiento por instituciones del Estado, cuya obligación primordial es precisamente velar por la aplicación de la ley. Y ese interés está siendo quebrantado a diario sin que se haya puesto en marcha el mecanismo previsto en la Constitución.

Y la pregunta brota con desazón: ¿por qué? La respuesta solo la tiene el Gobierno, cuyo presidente ha solicitado comparecer el 10 de octubre en el Congreso para explicar la actuación gubernativa en la jornada del insólito referéndum. Demasiado tarde para semejante urgencia. Responsable último de tomar la decisión, el presidente no lo ha hecho ni ha explicado el motivo. En las democracias modernas, los gobernantes tienen que ofrecer muchas explicaciones a los ciudadanos, que tienen el derecho –natural– a conocer las razones, acompañadas de los datos, por las que se adoptan decisiones que tienen un impacto directo sobre sus vidas y haciendas. Tras días de plomo e inquietud y en vísperas de jornadas decisivas, no se ha tomado ninguna decisión en defensa de la Constitución. Los ciudadanos siguen sin saber por qué se hurta la explicación a esta inacción.

Habría que descartar la ausencia de voluntad para la adopción de estas medidas, pues nadie en sus cabales puede dudar del deseo del presidente del Gobierno de poner fin a la sedición. Pero para no dejar la figuración sin respuesta, cabría pensar que no siente prisa, ya que detecta inseguridad en los partidos que sostienen el gobierno de la Generalitat, donde podrían haberse producido fisuras tácticas. En este caso, querría cargarse de razón y hacerlo con todas las garantías.

Guerra: «¿A qué viene mirar al PSOE? Me parecería fatal que no lo hiciera, tiene que votar a favor de la aplicación del 155»

La otra conjetura que pueda explicar que no tome esta medida es porque no pueda. En ese caso, la pregunta inmediata, ¿es porque no puede? Y aquí se dividen las opiniones. Hay quien piensa que no puede aplicar el 155 porque mantener en vigor este artículo, excepcional, durante semanas requeriría que el PSOE, si es que no apoya decididamente al Gobierno, al menos no le ataque. Y es que se esperarían embestidas desde el resto del arco parlamentario, con excepción de Ciudadanos. Ha dicho Guerra al respecto: «¿A qué viene mirar al PSOE? Me parecería fatal que no lo hiciera, tiene que votar a favor de la aplicación del 155.»

Otros mantienen que desde el punto de vista formal no está desarrollado en una ley posterior, con lo cual no quedarían suficientemente claras las consecuencias de su aplicación, por lo que se abriría la puerta a la presentación de un recurso que pudiera declarar la inconstitucionalidad de la aplicación. Riesgo que tampoco querría asumir el presidente del Gobierno. Otra interpretación de lo que le mueve a esta indefinición sería que se guarda una carta en la manga, como podría inferirse del comunicado del Gobierno, primera comunicación desde el domingo de marras. La nota, que tiene como principal objetivo rechazar las críticas formuladas por el presidente de la Generalitat contra el jefe del Estado, dice textualmente: «Si el señor Puigdemont quiere hablar o negociar, o quiere enviar mediadores, sabe perfectamente lo que debe hacer antes: volver a la senda de la Ley, que nunca debió abandonar. El Gobierno no va a negociar ninguna ilegalidad, no va a aceptar ningún chantaje. Ya ha hecho mucho daño con sus ilegalidades, retire la amenaza de la ruptura y empiece por hablar con todos los partidos políticos catalanes cuyos derechos ha pisoteado».

Si el presidente de la Generalitat renunciase a declarar la independencia ¿el presidente del Gobierno estaría dispuesto a abrir una negociación?

Aquí podría residir una clave que explique la contención. Y las preguntas se agolpan: si el presidente de la Generalitat renunciase a la pretensión de declarar la independencia ¿el presidente del Gobierno estaría dispuesto a abrir una negociación? ¿Con quién, sobre qué? Suena extraño cuando el Rey, en los seis minutos de su alocución, ya se cuidó de evitar cualquier referencia al diálogo o la negociación.

Este es el abanico, incompleto, de suposiciones a barajar para explicar el silencio de quien tiene en sus manos apretar el botón rojo. Entretanto, tiene la obligación inexcusable de explicar a los ciudadanos cuáles son las razones o motivos que subyacen en la demora en aplicar el 155, siendo como es un artículo más de la Constitución, que está para resolver precisamente situaciones como esta. Y como no es aconsejable ir a rebufo de lo que hagan otros, sino que es menester ir por delante, empleando las medidas adecuadas, a la aplicación del 155 se añadiría el 116 (que hace referencia a los estados de alarma, excepción y de sitio) para poner fin a las organizadas y consentidas milicias populistas, que campan por sus respetos.

Sea cual sea la solución, desde el punto de vista político, la opinión pública, incluida al menos la mitad de los catalanes, se pregunta a qué espera el presidente para adoptar medidas efectivas que pongan coto a una desobediencia sistémica. No se le puede pedir a la gente que entienda estas dudas. Y entre ellas, estarían: ¿tiene ya delimitado el Gobierno el alcance de su intervención?, ¿por cuánto tiempo?, ¿quién va a asumir la intervención?, ¿qué consejerías se van a intervenir, incluida la presidencia? o ¿va ser el gobierno entero?, ¿está preparada la opinión pública para encajar la presencia de las Fuerzas Armadas en caso de resistencia?

No hay que negarle al jefe del Ejecutivo un manejo gallego de los tiempos, como demostró cuando, en el minuto 90, evitó el rescate. Es de esperar que tenga una hoja de ruta establecida, detallada, pero la gravedad de la situación hace imperativa una comparecencia en la que ofrezca las explicaciones que ayuden a entender lo que hoy resulta incomprensible. Hablamos de la pasividad ante un golpe a la Constitución y al Estado de derecho.

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