Editorial: acciones nada pacíficas

El problema es la erosión que para la democracia supone justificar la coacción de los CDR desde instituciones públicas

Simpatizantes de los Comités de Defensa de la República (CDR) se manifiestan a la puerta de la Audiencia Nacional, donde declaró Tamara Carrasco./Paolo Aguilar-Efe
Simpatizantes de los Comités de Defensa de la República (CDR) se manifiestan a la puerta de la Audiencia Nacional, donde declaró Tamara Carrasco. / Paolo Aguilar-Efe

La decisión del juez de la Audiencia Nacional, Diego de Egea, de atribuir a la supuesta integrante de los CDR Tamara Carrasco un delito de desórdenes públicos –contra el criterio de la Fiscalía, que había calificado su conducta de terrorismo– demuestra que el Estado de Derecho no necesita agravar hasta el extremo los tipos penales para hacerse valer. El objeto de la resolución judicial son los actos presuntamente cometidos por Carrasco, sin que la consideración del magistrado alcance a los demás participantes en las actuaciones llevadas a cabo en nombre de los Comités de Defensa de la República (CDR) ni a la existencia misma de estos últimos. La posible imputación de un delito de terrorismo a la detenida ha suscitado, en los últimos días, reacciones críticas de dos tipos. Unas, cuestionando la interpretación extensiva del tipo penal, sin más. Otras, empleando tal cuestionamiento para proyectar mensajes de comprensión –cuando no de justificación– hacia las acciones de los CDR. De hecho, el independentismo ha acabado cobijando en su seno comportamientos que nada tienen de pacíficos a cuenta de la calificación de terrorismo atribuida a la actuación de Tamara Carrasco. Como si el posible agravamiento de los tipos penales imputables a cortes de carreteras y a actos de sabotaje se hubiera convertido en argumento para banalizar la sinrazón que encierran; para extender un manto de indulgencia hacia el empleo más o menos organizado de la coacción como método ilegítimo de protesta. Método mediante el que se desliza la idea de que es el Estado constitucional, con sus impedimentos para hacer realidad la 'república catalana', lo que hace ineludible el uso de recursos rayanos en la violencia o lo que justifica su existencia como parte de un paisaje de conflicto. El hecho de que el independentismo institucional no haya sido capaz de rechazar abiertamente y sin subterfugios las acciones de los CDR desnaturaliza su vocación democrática y refleja la debilidad de esa 'mayoría' a la que apela como fuente de autoridad. Hay dudas sobre la entidad concreta de los Comités de Defensa de la República. Pero su propia denominación revela que sus integrantes creen hallarse en un estadio avanzado de la desconexión secesionista. Por eso se creen legitimados para incurrir en ilícitos, porque no los entienden como tales. El problema está en la erosión que para la democracia supone justificar la coacción desde instituciones públicas.

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