La Fiscalía mantiene la petición de 10 años de inhabilitación para Mas

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Artur Mas, en la sede del TSJC. / Toni Albir (Efe) I EP

  • La acusación popular rebaja las penas y las defensas solicitan la absolución

  • El expresidente hará mañana uso de su derecho a la última palabra

El juicio por el 9-N ha concluido esta mañana en lo que se refiere a la declaración de los testigos y las pruebas periciales. Terminada la cuarta jornada de la vista, las partes han ratificado las conclusiones provisionales y las han hecho definitivas. Por tanto, el fiscal Emilio Sánchez Ulled ha ratificado la petición de una pena de 10 años de inhabilitación para Artur Mas y nueve años para Joana Ortega e Irene Rigau por los delitos de desobediencia y prevaricación.

Los informes finales de las partes serán defendidos mañana, y además Mas, Ortega y Rigau tendrán derecho a hacer uso de la última palabra. Aun así, la defensa ya ha avanzado que reitera su petición de absolución para los acusados, como mantiene desde el primer días, mientras que la acusación popular ha retirado la petición de pena de malversación y ha rebajado a nueve años de inhabilitación por los delitos de desobediencia y prevaricación, cuando en un primer momento solicitaba doce años. El juicio está cerca de su conclusión, prevista para mañana.

El juicio se espera que quede mañana visto para sentencia, después de los alegatos de la fiscalía, la acusación popular y la defensa. Artur Mas ha confirmado esta mañana que hará uso de su derecho a la última palabra como mecanismo de autodefensa penal. "Aprovecharé para hacer una valoración de todo. Será mi momento para explicarme en libertad", ha dicho a TV-3, momentos antes de llegar al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Mas se ha sentado esta mañana por cuarto día consecutivo en el banquillo de los acusados.

En la jornada del juicio de esta mañana, testigos de la defensa han apuntalado la línea argumental de Mas, Ortega y Rigau, que insisten en que no cometieron ningún delito, y han señalado que el proceso participativo fue ejecutado por los voluntarios y que la Generalitat se quedó al margen a partir de la suspensión decretada por el Constitucional.

Así, la alcaldesa de Vilanant (Girona), Anna Palet, ha relatado que ella misma, "como voluntaria" se encargó de abrir el local de votación, un inmueble propiedad del ayuntamiento. La exdiputada de ERC en el Parlamento catalán, Gemma Calvet, ha señalado que actuó como voluntaria y que su función fue acompañar por diferentes puntos de votación a observadores internacionales. "Todo descansó" en los voluntarios después de que el Tribunal Constitucional ordenase suspender la consulta, ha dicho. Calvet, ponente de la ley de consultas, ha hecho una de las intervenciones más políticas de todos los testigos, lo que ha provocado varios reproches del juez Barrientos. "Esto es un juicio de contexto", ha afirmado. "Aquí tendría que haber 2,3 millones de personas acusadas", ha asegurado en relación al número de ciudadanos que participaron en la jornada de votación. 

Mientras, Carles Fernández, que fue jefe de prensa de la exvicepresidenta de la Generalitat, ha asegurado que después de la suspensión del Tribunal Constitucional se le transmitió que debía comunicar que el Govern "dejaba de tomar participación activa". Fernández ha detallado que recibió instrucciones para dejar de actuar respecto a los preparativos de la consulta: "Yo dejé de dar instrucciones a trabajadores públicos y les requerí que no hicieran gestiones". Fernández ha explicado además que el día de la consulta los datos que ofreció la vicepresidenta se los proporcionaron los voluntarios.