La Audiencia Nacional procesa a siete presuntos yihadistas por suministrar material militar en Siria

  • Tenían un complejo empresarial en la Comunidad Valenciana desde el que enviaban contenedores y traficaban con bienes culturales, según el juez

El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha procesado a siete presuntos yihadistas por formar parte de de un grupo "organizado y estable" en España encargado de enviar material militar, dinero así como componentes de explosivos y armas de fuego a Siria e Irak.

El auto de procesamiento señala los delitos de pertenencia a organización terrorista, financiación y enaltecimiento de organizaciones terroristas, blanqueo de capitales, delito contra los bienes culturales protegidos en caso de conflicto armado, falsedad en documentos mercantiles y tenencia ilícita de armas. El magistrado procesa también como personas jurídicas a las cuatro mercantiles con las que operaba el grupo.

El juez Velasco explica que los grupos terroristas que actúan en Siria requieren una organización logística bien estructurada, que abarque necesidades estrictamente vitales u ordinarias, además de la necesidad de contar con dinero. Para ello necesitan establecer redes internacionales de confianza "y es ésta la función que desarrollaban los ahora procesados".

El presunto responsable, Ammar Termanini, creó un complejo empresarial estable en España que ha venido facilitando la entrada de mercancías a Siria, camuflándolas como supuesta venta de ropa usada y ocultando material militar, dinero, equipos electrónicos y de transmisiones y posiblemente componentes de explosivos y armas de fuego que acabaron en manos de organizaciones terroristas que operan en Siria e Irak.

Diez toneladas de ropa

De la investigación se desprende que la organización terrorista Daesh encargó a los miembros de este grupo diez toneladas de uniformes y ropa militar destinados a Siria, para lo cual Termanini y sus colaboradores trabajaron en la búsqueda de prendas militares. En las naves de los procesados se incautaron miles de uniformes prensados y embalados preparados para el envío a Siria, así como “ 20.000 uniformes militares en el interior de un contenedor marítimo en el Puerto de Valencia”, perteneciente a uno de los procesados.

Ese encargo había sido realizado por un miembro de Daesh, primo del presunto cabecilla de la organización, Ammar Termanini. Entre el material incautado aparecen trajes de resistencia a la guerra química- bacteriológica (NRBQ), que, argumenta el juez, “ de ninguna manera tienen una aplicación civil, ni son de habitual venta en mercadillo”.

La investigación también ha detectado que a los miembros de este grupo se les había encargado una gran cantidad de abono de urea, yodos, fosfatos que por su cuantía y destino al norte de Siria, “ hace pensar que serán utilizados como precursores para la fabricación de explosivos”.

El juez relata toda una operativa financiera desplegada por los procesados para financiar los envíos y blanquear los ingresos de origen ilícito. Para eludir el control de las autoridades recurrían al sistema antiguo llamado “hawala”, transferencia en árabe, de compensación de pagos y movimientos de dinero al margen del sistema legal de pagos y contraprestaciones de servicios entre empresas y constituyendo una forma de blanquear capitales y financiar el terrorismo.

La investigación ha constatado un gran incremento del patrimonio de los procesados, que en el caso de uno de ellos, se ha constatado ingresos en efectivo de más de 10 millones de euros en tres años.

Trafico de obras de arte

Por primera vez un auto sobre delitos de terrorismo yihadista incluye el tipo penal de delito contra los bienes culturales protegidos en caso de conflicto armado. El juez considera que una de las vías de financiación del terrorismo utilizadas por los procesados fue la de traficar con obras de arte, monedas antiguas y piezas arqueológicas “ probablemente extraídas de los museos y yacimientos arqueológicos conquistados por Daesh y Jabhat al Nusra” en Siria e Irak.

Conversaciones telefónicas interceptadas a los investigados acreditan que conocían el origen ilícito de estos bienes, así como “la peligrosidad de su comercio internacional”. El juez recoge las declaraciones de diversas organizaciones internacionales que advierten de que las organizaciones terroristas que operan en Siria e Irak se están financiando también a través del expolio y saqueo de bienes culturales sujetos a la protección de la UNESCO.

Por todos los hechos, el juez considera que los siete investigados deben responder por los delitos mencionados y por los que cinco de ellos estaban en prisión preventiva. El juez mantiene esta medida por riesgo de fuga y para garantizar su presencia en el juicio.