Blesa y su antigua mano derecha, a juicio por los sobresueldos de Caja Madrid

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El expresidente de Caja Madrid, Miguel Blesa. / Efe I Atlas

  • Anticorrupción les pide cuatro años de cárcel por «incumplir» sus deberes y perjudicar a la entidad, «en beneficio para sí y otros», en 8,6 millones de euros

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Miguel Blesa y quien fuera su mano derecha como presidente de Caja Madrid –fue cesado en enero de 2010–, Ildefonso Sánchez Barcoj, tendrán que volver a sentarse en el banquillo de los acusados –llevan desde septiembre en él por otro caso, el de las tarjetas ‘black’– salvo un giro judicial de última hora, esta vez por los sobresueldos irregulares y otras prebendas que se concedieron en aquellos años por valor de 8,6 millones de euros. Según fuentes jurídicas, la titular del Juzgado de Instrucción número 45 de Madrid, Luisa María Prieto, tiene previsto dictar en las próximas semanas la apertura de juicio oral tras presentar a finales de diciembre la Fiscalía Anticorrupción su escrito de acusación.

Los abogados de los dos acusados, no obstante, recurrieron semanas atrás ante la Audiencia Provincial madrileña -aunque estas diligencias proceden del ‘caso Bankia’, la Audiencia Nacional las desglosó al estimar que la competencia no era suya- la conclusión de la instrucción, al considerar que en el auto se les tiene como imputados sin indicios suficientes. No obstante, de la lectura del escrito del fiscal se desprende lo contrario a la vista de que concreta con detalle hasta cuatro actos de presunta administración desleal por su parte, delito por el que pide para cada uno cuatro años de cárcel.

En el primero de ellos acusa a Blesa de hacer caso omiso de sendas encomiendas de la comisión ejecutiva de la caja de ahorros y del comité ejecutivo, dirigidas a que moderara hasta el 4,5% la subida salarial a aplicar a los 10 integrantes del comité de dirección en 2008 y del que formaban parte tanto él mismo como Sánchez Barcoj, director general financiero y de medios. Lejos de ello, el incremento «real» que se aplicaron fue de una media del 16,1%, repartiéndose además lo que correspondía a un miembro que dimitió.

En virtud de esa decisión totalmente unilateral, los dos acusados incrementaron su retribución ese año en un 26,6%, al igual que lo hizo el que fuera ‘número tres’ de la entidad madrileña y director general de negocios, Matías Amat.

El segundo «incumplimiento» de sus funciones de «administración, gestión y dirección» –como lo define el Ministerio Público– fue no aplicar las reglas previstas en la caja de ahorros para determinar cuál sería la retribución variable de esos mismos miembros del comité de dirección. Para ello Blesa, «a propuesta» de Sánchez Barcoj, «asignó arbitrariamente» las cantidades que estimó convenientes a cada uno «sin valorar» otros elementos clave como los resultados del grupo, los individuales del equipo y el propio desempeño profesional de cada directivo.

«Gratificación extra»

Tampoco sirvió de mucho lo establecido anteriormente en la entidad sobre las pensiones por jubilación o fallecimiento –el tercer acto de administración desleal a ojos del fiscal– pues, entre 2007 y 2010, Blesa decidió que el exceso de aportaciones a ese fondo respecto al límite impositivo deducible se les incluyera a los integrantes del comité directivo como «gratificación extraordinaria» y, además, haciéndose cargo la primera de los costes fiscales.

Pero si con ellos mismos y el resto de la «alta dirección» de Caja Madrid los dos acusados no dudaron en saltarse las normas internas «en beneficio para sí y los otros», también hicieron lo propio para quien había sido secretario general del consejo. Enrique de la Torre fue cesado de ese cargo en 2009 y en su indemnización cobró, «por voluntad de los acusados, importes por conceptos que no le correspondían» como, por ejemplo, un plan de bonus cuyos objetivos nunca se cumplieron.

De la Torre recibió por ello un «exceso» de casi 2,9 millones, dinero que el fiscal pide ahora que devuelva como partícipe a título lucrativo. Ese importe se restará de los 8,6 millones con los que Blesa y Sánchez Barcoj deberían indemnizar a Bankia, «sucesora universal de los derechos y obligaciones de Caja Madrid».