El TC vuelve a avalar la reforma que permite castigar a los altos cargos desobedientes

Carme Forcadell.
Carme Forcadell. / Efe
  • Rechaza ahora el recurso de la Generalitat de Cataluña tras haber desestimado en noviembre el que interpuso el Gobierno vasco

Calzado técnico running y trail para hombre y mujer

Las mejores marcas a los mejores precios

Accesorios imprescindibles para tu día a día

Hasta 70%

Marca española de moda para hombre

Hasta 70%

Calzado y complementos de piel para hombre y mujer

Hasta 80%

Moda casual para hombre y mujer

Las mejores marcas a los mejores precios

Sea cual sea tu estilo hay una chaqueta de piel para ti

Hasta 70%

Renueva tus básicos y luce piernas esta temporada

Hasta 80%

Decora y protege tu sofá con fundas de calidad

Las mejores marcas a los mejores precios

Textura y suavidad en textil de baño

Las mejores marcas a los mejores precios

Nueva colección de botas, botines y australianas

Hasta 80%

Moda para hombre y mujer al mejor precio

Hasta 70%

Desplázate con la mejor tecnología

Hasta 70%

Bolsos y complementos de piel

Hasta 80%

Lleva contigo a tus personajes favoritos

Las mejores marcas a los mejores precios

La marca de moda en exclusiva para ti

Las mejores marcas a los mejores precios

Tus marcas favoritas en deportivas técnicas y casual

Las mejores marcas a los mejores precios

Relojes de pulsera para hombre y mujer

Las mejores marcas a los mejores precios

Elige el cabecero que más se adapte a la decoración de tu habitación

Las mejores marcas a los mejores precios

Calzado de tus marcas favoritas

Las mejores marcas a los mejores precios

¡Todo el menaje que necesitas al mejor precio!

Hasta 70%

Primeras marcas en menaje para el hogar

Hasta 70%

¡Moda chic y casual a precios increíbles!

Hasta 80%

El Constitucional vuelve a avalar la reforma que permite castigar a los altos cargos desobedientes. El pleno ha desestimado el recurso de la Generalitat contra la reforma exprés aprobada en otoño 2015 por el Congreso con los únicos votos del PP para forzar a que fuera el propio tribunal el que se encargue de castigar (y con más dureza) a las instituciones o autoridades públicas que desobedezcan sus resoluciones.

El tribunal ya rechazó el pasado noviembre el recurso que en idénticos términos planteó el Gobierno vasco por ocho votos a tres y con una discusión intensa. Según fuentes del alto tribunal, los argumentos para no admitir la demanda del Ejecutivo catalán son "idénticos" a los de la sentencia del Gobierno vasco.

Los recursos de los dos gobiernos autonómicos se centraban en el mismo punto, el nuevo artículo 92 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. Ese precepto es el que modificó el Gobierno para dar un poder coercitivo claro a la corte después de que el Gobierno catalán desoyera la prohibición de la corte de celebrar la consulta del 9 de noviembre de 2014. Ese artículo, en su apartado 4, pone a disposición de la corte diversa artillería para actuar contra "las autoridades, empleados públicos o particulares que incumplieren las resoluciones del Tribunal": multas de hasta 30.000 euros; suspensión a los contumaces de sus funciones; requerir al Gobierno "colaboración" para ejecutar sus resoluciones; o, incluso, recurrir a la vía penal con la ayuda de la Fiscalía, como ya ha hecho en el caso de Carme Forcadell.

Ahora, el pleno, como ya hiciera en el recurso vasco, zanja que aquellas modificaciones son legales porque, básicamente, la propia Constitución fue la que diseñó a esta corte como un "verdadero órgano jurisdiccional" y que, por tanto, debe tener un poder coercitivo para hacer cumplir sus resoluciones. En este punto, defiende que medidas como la suspensión temporal de funciones de un empleado público que se declare en rebeldía frente a las resoluciones del Constitucional no tiene en puridad un carácter punitivo, sino que es solo una fórmula para hacer cumplir sus órdenes.

Para la mayoría del tribunal, la reforma aprobada hace ahora un año no es una desvirtualización de sus funciones, como sostenía la minoría. El fallo arguye que el hecho de que la Constitución no previera en su momento una fórmula para hacer cumplir los fallos de la corte no lleva emparejado "un desapoderamiento del Tribunal Constitucional de la potestad de ejecutar y velar por el cumplimiento de sus resoluciones".