El Congreso aprueba cerrar un pacto nacional contra la violencia de género en seis meses

Rafael Hernando.
Rafael Hernando. / Emilio Naranjo (Efe)
  • Todos los partidos acuerdan la creación de una comisión permanente, como la del Pacto de Toledo, para fiscalizar su aplicación

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El Congreso de los Diputados acordó por unanimidad que el Gobierno, los partidos, las comunidades autónomas, los ayuntamientos, los agentes sociales y las organizaciones civiles cierren en un plazo máximo de seis meses un pacto de Estado para la lucha y erradicación de la violencia de género. Se trata de un acuerdo con vocación y estructuras estables, como el antiterrorista, y que, tras su firma, contará en el Congreso con una comisión permanente de seguimiento, como el de las pensiones, que se reunirá siempre que lo exijan las circunstancias -al menos una vez al año- para fiscalizar la situación y la correcta aplicación de los políticas y medias y, en su caso, para acordar nuevas iniciativas.

Será sin duda el primer pacto de Estado de esta legislatura y es fruto de una propuesta conjunta de PP y PSOE, que pretenden recuperar tras años de peleas políticas el consenso que alumbró en 2004 la primera ley socialista contra esta lacra, y a la que esta tarde tenían previsto sumarse buena parte del resto de partidos de la Cámara baja.

El pacto se completará en varias fases. En primer lugar, y antes de fin de año, se creará una subcomisión que en cuatro meses elaborará un informe sobre las actuales deficiencias y carencias en la lucha contra la violencia de género y las medidas necesarias para corregirlas. El Gobierno tendrá otros dos meses para, con la base del informe, cerrar un pacto nacional con los partidos, instituciones y organizaciones sociales. Una vez rubricado el acuerdo, el Ejecutivo tendrá otro plazo de seis meses para enviar al Parlamento las reformas legales y medidas cuya aprobación se haya acordado.

La proposición aprobada, no obstante, ya adelanta alguna de las mejoras en la ley y en las medidas contra la violencia de género que deberá incluir como mínimo el pacto. Tendrá un «compromiso político» de no conceder indultos a ningún maltrador o condenado por este tipo de delitos; se comprometerá a «dotar suficientemente» los presupuestos autonómicos y municipales para la prevención de esta lacra y para la asistencia social a las víctimas de esta violencia y a sus hijos; se reforzarán las unidades de coordinación regionales para mejorar la protección y el seguimiento personalizado de las víctimas; y se estudiará la viabilidad de protocolos de atención integral a las mujeres que han retirado denuncias contras sus agresores.