La Audiencia Nacional reclama para sí la investigación de la agresión de Alsasua

  • La juez Lemela asegura que el teniente y el sargento fueron golpeados “exclusivamente” por su condición de agentes

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La juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela en el que reclama para sí al Juzgado de Instrucción 3 de Pamplona la causa en la que investiga la agresión a dos guardia civiles y sus parejas la noche del pasado 15 de octubre en Alsasua (Navarra). Tal y como sostenía la Fiscalía, la juez entiende que los hechos podrían constituir un delito de terrorismo del artículo 573 del Código Penal del que sería competente la Audiencia Nacional.

Lamela incorpora los atestados de la Guardia Civil y la Policía Foral de Navarra en los que se describe los sucedido aquella noche y se identifica a los supuestos agresores, quienes, dice la magistrada, "conocían con anterioridad la condición de guardia civiles del teniente y el sargento, siendo ésta única y exclusivamente la causa por la que fueron insultados y golpeados".

La juez se hace eco de los informes policiales que apuntan a que el altercado se desarolló dentro del ambiente del movimiento "Alde Hemendik" (Fuera de aquí) cuyo objetivo es la negativa a la presencia de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, así como de las Fuerzas Armadas, tanto en Navarra como en el País Vasco, campaña en cuyos inicios fue promovida por Gestoras y que ha contado con el apoyo de Jarrai, Haika y Segi, "persistiendo en la actualidad a través de plataformas populares vinculadas al entorno abertzale radical".

Como ya hiciera el Ministerio Público, entiende la juez que los hechos pueden constituir un delito de terrorismo por cuanto la actividad de los denunciados, teniendo en cuenta el ámbito en el que tuvieron lugar y las circunstancias que los rodearon, cumplen las previsiones legales, contenidas en el citado tipo legal del 573 del Código Penal, "al encontrarnos ante la comisión de un delito grave contra la integridad física (lesiones) cometido con la finalidad de alterar la paz pública o contribuir a tal fin, atemorizando a los integrantes de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y sus familias, especialmente a la Guardia Civil, a fin de que abandonen los territorios del País vasco y de Navarra y, más concretamente en este caso, la localidad de Alsasua, así como provocar que el resto de ciudadanos entablen relación con aquellos provocando de esta forma su aislamiento social".

El pasado 26 de octubre Lamela ya se declaró competente para investigar, por un delito de terrorismo, la denuncia presentada por Covite por la paliza a los agentes del instituto armado. Entonces, la juez acuerdó practicar diligencias, entre ellas, requerir al juzgado de instrucción de Pamplona que conoce de los hechos testimonio íntegro de las diligencias incoadas, así como librar oficio a la Guardia Civil para que con carácter urgente emita informe sobre la campaña de acoso que sus agentes sufren en la Comunidad Foral de Navarra y, concretamente, en la localidad de Alsasua.

Igualmente, pidió a la Guardia Civil que identificara a quienes realizaron las declaraciones y aparecen en las fotografías publicadas para desmentir colectivamente “la versión oficial” de las agresiones, así como a los titulares y responsables de la cuenta denunciada AltsasukoGaztetxea (@AtlsasukoGA).

La Fiscalía pidió a Lemela que se quedara con la competencia de este asunto al entender que «se trata de graves hechos delictivos contra la integridad física de miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad realizados con el propósito de atemorizar a colectivos que no comparten sus ideas y generando una grave alteración para la paz pública», apunta el escrito del fiscal, quien también pide que la Guardia Civil, de manera urgente, presente un informe «sobre la campaña de acoso que sus agentes sufren en la Comunidad Foral de Navarra y, concretamente, en la localidad de Alsasua».

Estos hechos fueron denunciados por el Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite) ante la Audiencia Nacional, al considerar que la paliza a los dos agentes libres de servicio podría ser constitutiva de un delito de odio y otro de terrorismo. Este último ilícito sí que sería competencia de este tribunal.

Covite denunció a los «autores y partícipes en las coacciones y agresiones» al teniente, al sargento y a sus novias, pero también apuntó contra la entidad Ospa! (¡Fuera!) que organiza actividades contra la presencia de las fuerzas de seguridad en esta localidad navarra; contra los responsables de la cuenta de twitter Altsasuko Gaztetxea (@AltsasukoGA); y contra «aquellas otras personas y entidades que pudieran haber sido partícipes» en el supuesto linchamiento y en las campañas en el pueblo denominadas Alde Hemendik (Fuera de aquí).

En su denuncia, el colectivo de víctimas recordaba que horas después de la «brutal paliza», Ospa! facilitó un comunicado «a medios afines a la izquierda abertzale» supuestamente para «contradecir los hechos».

Además, según Covite varias personas se manifestaron en Alsasua poco después «portando pancartas de Alde Hemendik, con el logo habitual de ETA».