La Fiscalía pide dos años de prisión a Borja Thyssen y 1,2 millones de multa

Borja Thyssen y su mujer, Blanca Cuesta.
Borja Thyssen y su mujer, Blanca Cuesta. / Archivo
  • El hijo de Tita Cervera no abonó el IRPF de 2007 tras recibir 1,4 millones por unas exclusivas en la revista ¡Hola!

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Alejandro Borja Thyssen-Bornemisza Cervera se enfrenta a dos años de prisión y a una sanción económica de 1,2 millones de euros, entre multa y responsabilidad civil, por un delito fiscal presuntamente cometido en el año 2007. El hijo de Tita Cervera, la baronesa Thyssen, no presentó el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) pese a que durante dicho año residió más de 183 días en España, según la Fiscalía de Madrid.

Durante 2007 el acusado percibió 1,4 millones procedentes de la venta de exclusivas y reportajes a la revista Hola, en virtud del contrato firmado el 7 de agosto de 2007. Para eludir cualquier tipo de tributación por las rentas obtenidas con la cesión de derechos de explotación de su imagen, Borja Thyssen utilizó para el cobro de dichas cantidades la entidad Grobrach LLC, domiciliada en Las Vegas (Nevada), y la cuenta banacaria de la entidad Andbank Grupo Agricol Reig, siendo titular de ambas el acusado.

Asímismo, el acusado manifestó ante la Agencia Tributaria que en 2007 residió en Andorra, que aquel año era paraíso fiscal. Sin embargo, durante este periodo tenía contratada la seguridad personal en España, con las entidades Segur Ibérica de enero a octubre y con Protección y Seguridad Técnica a partir de ese mes. Del mismo modo, era titular de una tarjeta en el BBVA con la que realizó a lo largo de todo el año múltiples gastos que acreditan su presencia en Barcelona, Ibiza o Madrid y el pago de otros gastos ordinarios a Gas Natural, Endesa, Telefónica, Vodafone o Movistar, según el escrito de acusación de la Fiscalía remitido al Juzgado de Instrucción número uno de Pozuelo de Alarcón (Madrid).

El Ministerio Público pide que Borja Thyssen indemnice por el IRPF de 2007 un total de 592.557 euros en concepto de responsabilidad civil, solicita una multa de 595.000 euros y la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho de gozar de incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante cinco años.