El juez Castro mantiene bajo secreto las investigaciones sobre la agenda de Granados

El ex secretario general del PP en Madrid Francisco Granados.
El ex secretario general del PP en Madrid Francisco Granados. / Juan M. Espinosa (Efe)
  • En el documento constan numerosos pagos en negro a favor del PP madrileño y su presunta vinculación con la reforma de la sede nacional del partido y con la adjudicación de las obras del hospital de Son Espases

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El juez instructor del caso Son Espases, José Castro, ha denegado levantar el secreto que pesa sobre las investigaciones sobre la agenda del ex secretario general del PP en Madrid Francisco Granados -en la que constan numerosos pagos en negro a favor de la formación- así como su presunta vinculación con la reforma de la sede nacional del partido y con la adjudicación presuntamente irregular de las obras del hospital de Son Espases.

Así lo ha acordado el magistrado después de que el expresidente de OHL y exministro Juan Miguel Villar Mir solicitase que Castro remitiera un exhorto a la Audiencia Nacional para comprobar si las pesquisas originales sobre las anotaciones de Granados continuaban bajo sigilo judicial. El empresario pedía que Castro levantara el secreto si así lo había hecho la AN con sus propias diligencias, lo que no ha sucedido.

En la agenda figuran múltiples pagos de 300.000 y 400.000 euros efectuados por el empresario Javier López Madrid, yerno del presidente de OHL, Juan Miguel Villar Mir, al exgerente regional del PP Beltrán Gutiérrez.

En concreto, bajo las iniciales "B.G", el encargado de las finanzas en la formación en Madrid figura en la agenda como el principal beneficiario. Las anotaciones fueron incautadas por la UCO de la Guardia Civil al presunto cabecilla de la 'Operación Púnica' y las pesquisas desarrolladas a raíz de su hallazgo han propiciado nuevas actuaciones, en este caso para esclarecer una presunta financiación irregular del partido madrileño.

Las obras llevadas a cabo en la sede nacional del PP se encuentran en el punto de mira del instructor ante la posibilidad de que pudieran haber sido financiadas de forma irregular -sin coste alguno para el partido- por parte de las empresas que concurrieron al concurso de Son Espases a cambio de resultar beneficiarias de la adjudicación. Unas obras que, sin embargo, acabaron en manos de Dragados, una de las filiales de Florentino Pérez.

De forma paralela, Castro ha rechazado el recurso de reforma que formuló Villar Mir contra la decisión del juez de no resolver su última petición de archivo, al estar pendiente en el mismo sentido que la Audiencia Provincial de Baleares decida al respecto. El abogado del empresario asevera que no existe riesgo de "pronunciamientos irreconciliables" o "contradictorios", por lo que "no hay motivo" que justifique la negativa de Castro.

De hecho, expresa su "frontal oposición" al criterio del magistrado puesto que, "además de no encontrar la más mínima apoyatura legal, lesionaría de manera grave -caso de apreciarse- el derecho a la tutela judicial de mi representado".

Facturas por valor de 237.000 euros

En concreto, Castro continúa en el marco de esta causa buscando esclarecer si las obras llevadas a cabo en Génova fueron sufragadas de forma ilegal a partir de su vinculación con Son Espases. De hecho, el instructor ya requirió al PP que presentara la documentación acreditativa de los pagos de las obras de remodelación llevadas a cabo entre los años 2002 y 2010 para profundizar sobre ello.

El partido entregó facturas que ascienden a un total de 237.000 euros, si bien aseveró que no consta en sus archivos documentación que permita conocer cuáles fueron las empresas subcontratadas por los contratistas principales de la reforma.

Mediante un escrito, el PP explicaba que el inmueble, situado en el número 13 de la calle Génova, fue adquirido por el partido mediante compraventa otorgada ante notario el 29 de marzo de 2006, fecha antes de la cual la formación era arrendataria del edificio.

Fue tras la compra cuando, proseguía, se acometieron las obras de remodelación del mismo, siendo contratada para ello la empresa Unifica, cuyas facturas fueron en su día requeridas por la Audiencia Nacional en virtud de las investigaciones en torno a la presunta financiación ilegal del partido.