El Norte de Castilla

El juez archiva la demanda de Medina contra dos periodistas de El Comercio por decir la verdad

David González Medina, antes de una rueda de prensa.
David González Medina, antes de una rueda de prensa. / P. Citoula
  • El parlamentario había pedido tres años y ocho meses de cárcel para Moro y tres años y seis meses para Noriega, así como inhabilitación, por publicar que fue condenado por tráfico de drogas en 2004

  • El juzgado de lo Penal número 2 de Gijón declara «extinta» la acción legal que el diputado del PP pretendía ejercitar contra Marcos Moro y el exdirector del periódico Íñigo Noriega

El titular del juzgado de lo Penal número 2 de Gijón, Luis Ortiz Vigil, acaba de emitir un auto por el que acuerda «la extinción de la acción penal ejercitada frente a Marcos Moro Albornoz e Íñigo Noriega Gómez» por el diputado autonómico del PP David González Medina, así como «el archivo de las diligencias con todos los efectos a ello inherentes». Medina presentó hace 22 meses una demanda contra el periodista Marcos Moro y el entonces director de El Comercio y hoy al frente de El Diario Montañés, Íñigo Noriega, por la que solicitaba que se le impusiera al primero tres años y ocho meses de prisión, y al segundo, tres años y seis meses, así como que se les inhabilitase para ejercer su profesión.

La acusación de Medina era que los periodistas habrían revelado un secreto al informar a sus lectores de una noticia cuya veracidad nunca fue puesta en duda y quedó demostrada: que González Medina fue condenado en 2004 por tráfico de drogas y, posteriormente, en 2011, fue sancionado por consumo de estupefacientes.

Dicha información fue dada a conocer cuando Medina decidió presentar su candidatura a presidir el PP de Gijón, con lo que él mismo se situaba en un plano público y sus actos y actitudes previos cobraban así notorio interés, al optar a un cargo que supondría responsabilidades de representación de la ciudadanía.

El ahora diputado regional presentó una demanda contra los periodistas, con la petición de que además del encarcelamiento se condenase a Moro y Noriega a una inhabilitación para ejercer su profesión durante el periodo de la condena.

Para adoptar su decisión sobre el archivo de la demanda y la extinción de la acción legal, el juez tomó en consideración los escritos de la representación legal del propio Medina y del fiscal, Javier Casamayor, de la defensa y las alegaciones de las partes personadas en los escritos formulados con posterioridad al desestimiento de Medina. El propio fiscal presentó un escrito el 23 de septiembre en el que pedía el archivo de las actuaciones.

Con anterioridad, Javier Casamayor, que había actuado a instancias de la denuncia del parlamentario, había presentado una petición de penas muy inferior a la de Medina. Casamayor, cuando recibió la denuncia de González Medina, procedió a tipificar el presunto delito, que en este caso sería el de revelación de secretos. Pero, tras tipificar el supuesto legal del que se trataría, el propio fiscal subrayó la posible existencia de una atenuante correspondiente al desempeño de la profesión periodística, cuya función social es, precisamente, sacar a la luz pública informaciones de relevancia social y que a determinadas personas les pueda interesar mantener ocultas. Por ello, la Fiscalía rebajó en dos grados la pena mínima que prevé la ley, de un año de cárcel, para el delito de revelación de secretos.

La noticia por la que Medina decidió interponer acciones legales fue publicada en octubre de 2014. Los periodistas le ofrecieron la posibilidad de realizar declaraciones a El Comercio, lo que éste rechazó. Al día siguiente, dio una rueda de prensa en la que no cuestionó la veracidad de la información, pero anunció acciones legales contra los medios de información que se atreviesen a hacerse eco de la noticia.

Sin embargo, fueron muy numerosos los medios de comunicación españoles que reprodujeron la información de El Comercio, dada su evidente relevancia informativa, ya que se trataba de poner en contexto y presentar a los candidatos que, en aquel momento, optaban a presidir el PP de Gijón. Medina se hizo con la victoria en aquel congreso local, pero el cónclave y sus resultados fueron anulados por una decisión judicial del juez Luis Roda, quien entonces habló de la vulneración de los derechos de los afiliados por cuestiones formales.

«En mi vida se me ocurrió»

Medina se mantuvo en sus intenciones durante año y medio, hasta que El Comercio y todos los periódicos del grupo Vocento se hicieron eco de su petición de cárcel para Marcos Moro e Íñigo Noriega, el 3 de junio. Al día siguiente, el 4 de junio, la presidenta regional de su partido, Mercedes Fernández, expresó en una rueda de prensa celebrada durante una visita al Pozo Sotón de Hunosa, en San Martín del Rey Aurelio, que «en mi vida se me ocurrió acudir a los tribunales contra un medio de comunicación».

Lo expresó en varias ocasiones, y remarcó que la actuación legal de Medina, que por entonces ya llevaba casi nueve meses como diputado, «no es una iniciativa del PP, ni es una iniciativa que respalde el PP». Incluso, con la clara intención de desvincular al partido de la actuación de Medina en los tribunales, Mercedes Fernández insistió en que «cuando inició esa andadura, ni siquiera tenía un cargo institucional». Por parte del resto de partidos políticos, la petición de cárcel para los dos periodistas fue definida y criticada como un claro ataque al derecho a la información. Fue una llamada de atención a la que David González Medina hizo caso ese mismo día y, así, pocas horas después de la rueda de prensa de Mercedes Fernández en el Pozo Sotón, el parlamentario regional del PP emitió un comunicado en el que anunciaba que retiraba la demanda. Posteriormente, compareció ante el juez Luis Ortiz Vigil para mostrar su conformidad con el archivo de las actuaciones.

Las frases «de mi abogado»

Medina había llegado al Parlamento asturiano en septiembre de 2015 para suplir la baja del anterior secretario general regional del PP, Fernando Goñi, después de que Mercedes Fernández decidiese destinar a éste al Senado, lo que implicó también una reorganización del partido que sigue desarrollándose. La advertencia de Mercedes Fernández impulsó a Medina a afirmar en su comunicado que «la decisión de presentar la querella fue única y exclusivamente mía y de mi familia, y en esa decisión el PP no ha tenido nada que ver, por lo que es tremendamente injusto que se vea perjudicado por vincularlo a esta decisión personal».

Y pese a la petición de cárcel e inhabilitación para los dos profesionales, Medina añadió en dicho comunicado que «nunca he deseado meter a ningún periodista en la cárcel» y que «tampoco deseo inhabilitar a nadie de su profesión». Atribuyó entonces dicha petición a que «eso forma parte de las fórmulas legales empleadas por mi abogado para construir mi defensa, algo para lo que dispuso de plena autonomía». Además, González Medina indicó que «nunca tuve la intención de vulnerar el derecho a la libertad de prensa, que para mí es fundamental e imprescindible en una democracia. Tan fundamental como el derecho al honor y la intimidad de los ciudadanos».

Ese mismo día, fuentes del PP consultadas por este periódico estimaron que la retirada de Medina obedecía al claro mensaje de su presidenta, Mercedes Fernández. Ella había sido muy clara: «A lo largo de treinta años, las cosas que yo tuve que oír acerca de mi persona, de mi comportamiento y de mi actuación política. Pero, ya le digo, en mi vida se me ocurrió acudir a los tribunales contra ningún medio de comunicación, y es muy probable que no lo haga nunca». Las mismas fuentes del partido creían que González Medina, con la retirada de su acción legal, trataba de impedir que desde los ámbitos directivos del partido, a nivel regional o nacional, se le pudiese invitar a adoptar decisiones de mayor relevancia sobre su futuro político.