El PP-A pide cárcel para Chaves y Griñán en el Caso ERE por «asociación ilícita»

Griñán y Cháves
Griñán y Cháves / EFE
  • La Junta de Andalucía ha pedido el sobreseimiento de la pieza política al estimar que no hubo concertación de los altos cargos

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El PP andaluz, que ejerce la acusación particular en la trama de los ERE fraudulentos pagados por la Junta de Andalucía, ha solicitado dos años de cárcel para el expresidente andaluz Manuel Chaves y ocho para su sucesor, José Antonio Griñán, al entender que a los delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos habría que añadir además el de “asociación ilícita”, un cargo que hacen extensivo al resto de imputados, todos exaltos cargos públicos.

El escrito de acusación, presentado por los populares en la mañana del lunes, eleva así la calificación de condena que hace la Fiscalía, que en el caso de Chaves solo apreció prevaricación, delito que no conlleva prisión pero sí inhabilitación. La secretaria general de la formación, Dolores López Gabarro, justificó esta petición en que en el propio auto de procesamiento, el juez entiende que todos los implicados, “concertando sus actuaciones de un modo expreso o tácito, llevaron a cabo todos los actos necesarios para la implantación, mantenimiento y funcionamiento del denominado procedimiento específico”.

“Se trata de fraude ideado en las más altas esferas del Gobierno andaluz con un sistema ajeno a todos los controles”, dijo López, “la Junta repartió dinero ilegal a dedo a empresas y empresarios afines al PSOE sin que nadie pudiera detectarlo”. “Nadie se cree que un director general (por Javier Guerrero) manejara más de 1.000 millones a su antojo y sin rendir cuentas”. En este sentido, el PP eleva la cantidad por la que los acusados deberán responder de 855 millones a 1.280 millones de euros, al sumar compromisos de pago vigentes años después.

La petición del PP se produce justo después de hacerse pública la de la Junta, que ejerce la acusación particular. Los letrados del Ejecutivo regional –funcionarios de carrera no elegidos por el Consejo de Gobierno-- entienden que no se considera acreditada la existencia de una “trama criminal”, ni estiman que se creara un procedimiento específico para eludir los controles, de ahí que soliciten el archivo de la causa. Los abogados de la Junta entiende que para que ello fuera cierto deberían haberse concertado durante años cientos de personas sin relación entre sí de distintos departamentos para proceder a esa asignación arbitraria de los fondos públicos.

El escrito ciñe cualquier responsabilidad a los altos cargos de la Delegación de Empleo, concretamente del área de Trabajo. Por eso, la Junta pide que se archive la pieza política, y apuntan a que se concretará el daño causado a la administración pública en cada una de las piezas separadas donde se investigan cada ayuda en concreto.