El TC anula el crédito extraordinario de Defensa por 846 millones pero asume el pago

Un grupo de militares españoles.
Un grupo de militares españoles. / Efe
  • La sentencia le recuerda al Gobierno que es inconstitucional el uso que hace del decreto ley para aprobar pagos de grandes programas de armamento sin rendir cuentas al Parlamento

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El Tribunal Constitucional reprocha al Gobierno de Mariano Rajoy el uso del decreto para afrontar grandes pagos comprometidos en la compra de armamento en una sentencia en la que anula un crédito extraordinario aprobado en 2015 por valor de 856,4 millones de euros, cantidad cuyo abono, sin embargo, asume.

De este modo, el TC anula el decreto ley de mayo de 2015 por el que se conceden créditos extraordinarios y un suplemento de 856,4 millones de euros para el pago de muy relevantes adquisiciones de sistemas de armas por parte de Defensa: tanques, aviones de combate Eurofighter y fragata. Se trata de compras realizadas durante el Gobierno de Aznar.

El ejecutivo de Rajoy usó el decreto ley para afrontar estos pagos ya comprometidos por cantidades que rondaron "cantidades enormes" que suponen entre el 2,5 y el 3% del PIB, según el recurso que presentó el PSOE y que ha aceptado el TC.

La sentencia, sin embargo, acepta el pago efectivo de la cantidad comprometida para no perjudicar a terceros.

De hecho, es la segunda sentencia del TC que anula un decreto ley para aprobar los citados pagos de grandes programas de armamento, pues ya el pasado mes de julio el tribunal de garantías anuló otro decreto similar, este por valor de 883.655.368.

Inconstitucional uso del decreto ley

El espíritu de la sentencia firmada por el TC ahora es similar a la de julio: le recuerda al Gobierno que es inconstitucional el uso que hace del decreto ley para aprobar pagos de grandes programas de armamento sin rendir cuentas al Parlamento (el decreto ley es aprobado por el Ejecutivo y no por el Legislativo).

"El recurso sistemático al decreto-ley como forma jurídica de vehicular créditos extraordinarios para financiar los programas especiales de armamento" no respeta la Constitución, afirma el TC.

El uso del decreto no se ajusta a las previsiones constitucionales por no estar justificada la "urgencia ni los perjuicios en caso de impago", añade.

Sin embargo, la sentencia añade que "declaramos no susceptibles de ser revisadas como consecuencia de la nulidad" las cantidades abonadas. De este modo el TC protege a "los terceros de buena fe que mantienen relaciones con la Administración".

Más de cincuenta diputados del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso interpusieron recurso de inconstitucionalidad contra el citado decreto.

El portavoz de Defensa del PSOE en mayo de 2015, Diego López Garrido, señaló que este decreto y otros similares aprobados por el ejecutivo constituyen "una inconstitucionalidad flagrante, consciente y premeditada" realizada para "desoír y despreciar al Parlamento".