Correa buscará atenuantes en su declaración para rebajar la condena

Llegó la hora de Francisco Correa. El 'cabecilla' de la trama 'Gürtel' está dispuesto a romper la 'omertá' (ley del silencio) que ha acompañado todas y cada una de sus declaraciones judiciales desde que estalló el caso en febrero de 2009.

El empresario nacido en Casablanca (Marruecos) en 1955, al que le gustaba que le llamaran coloquialmente "don Vito" por sus amplios poderes sobre "la familia" (los trabajadores de su grupo de empresas perfectamente imbricadas en la estructura orgánica del PP en Madrid y Valencia) declarará este jueves en la quinta sesión del macrojuicio que se celebra en la Audiencia Nacional por la primera época de la red corrupta (1999-2005).

La estrategia de Correa ya se empezó a perfil antes de comenzar la vista oral, donde se enfrenta a 109 años de cárcel por una ristra de delitos y 60 millones de euros entre multa y responsabilidad civil. Cambió de abogado una semana antes de comenzar el juicio, dejando al letrado del turno de oficio que le había ayudado en los últimos meses por Juan Carlos Navarro, el defensor valenciano que ya le acompañó en la primera vista como acusado ante la justicia valenciana por los contratos en la feria Fitur. Y cuatro días antes de sentarse en el banquillo, reclamó al tribunal juzgador destinar 2,2 millones de una de sus cuentas bloqueada en Suiza para reparar el daño causado a las administraciones afectadas por sus actividades.

Finalmente, durante las cuestiones previas su abogado no planteó ninguna nulidad a diferencia del grueso de los 37 acusados y decidió guardar silencio, al igual que la defensa de su segunda mujer María del Carmen Rodríguez, que tiene ante así una cuesta de acusación: le piden 35 años y siete meses de cárcel.

"Enfocar los delitos"

Con estos antecedentes, Correa llega a la sesión de este jueves con la clara intención de conseguir atenuantes que reduzcan su pena. Según fuentes de su defensa, la idea es "enfocar los hechos cometidos y no cometidos". Esto es, 'tirar de la manta' en los delitos que haya podido realizar con su entramado societario y las comisiones y 'mordidas' pagadas para lograr adjudicaciones. Sin embargo, no está dispuesto a reconocer aquellos hechos en los que no se considere responsable o incriminar a diestro y siniestro a acusados y testigos.

Francisco Correa, aquel botones de solo 14 años que ya trabajaba en un hotel del centro de Madrid, aspira a sus 61 años no pasar más de cuatro años en la cárcel. Ya estuvo tres años y cuatro meses de manera preventiva y, como la ley establece que la estancia no puede superar el triple de la pena mayor que se impone, sus planes pasan por intentar reducir cada delito para lograr que ese triple no supere los siete años de cumplimiento efectivo entre rejas.

Las fuentes ponen como ejemplo los seis años y medio que pide la Fiscalía por el delito de malversación de caudales públicos, en concurso con el delito continuado de falsedad. Anticorrupción trata a Correa como un funcionario que ha falsificado documento público (artículo 390 del Código Penal), que prevé penas de tres a seis años de cárcel, cuando para un particular supondría una horquilla de seis meses a tres años de prisión.

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