El PP se suma a la petición de nulidades de las defensas en el juicio de 'Gürtel'

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Francisco Correa, en el juzgado. / Javier Lizón (Afp) I Atlas

  • El abogado Jesús Santos argumenta que la formación está en el juicio de forma "equívoca e inadecuada"

  • Considera que son los responsables municipales del PP de Majadahonda y Pozuelo los que deberían responder como partícipes a título lucrativo

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El PP, que se sienta en el banquillo del juicio por la primera época de la trama 'Gürtel'(1999-2005) como partícipe a título lucrativo, se ha adherido este miércoles a todas las cuestiones previas presentadas por el resto de acusados, solicitando así la nulidad de las principales pruebas de cargo que obran en esta causa. Para ello argumenta que está en el juicio de forma «equivoca e inadecuada».

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Así lo ha expuesto el abogado de la formación Jesús Santos durante su turno de exposición de cuestiones previas al juicio. Entre las peticiones realizadas por los 37 acusados en el banquillo figuran la nulidad de las grabaciones aportadas por el denunciantes del caso José Luis Peñas y las escuchas telefónicas ordenadas por el exjuez Baltasar Garzón durante la instrucción. Por otra parte, el representante del PP ha destacado que el PP tiene una condición "equívoca e inadecuada" de partícipe a título lucrativo, ya que el partido no ha tenido "participación alguna" en los hechos y sigue sin conocer "ni el qué, ni el quién, ni el cuándo, ni el cómo, ni el dónde, del presunto beneficio que se generó a su favor la actividad de los ayuntamientos de Majadahonda y Pozuelo de Alarcón". "No debería ser el PP el que ocupara esta posición, sino los grupos municipales", ha señalado, aludiendo a los responsables del PP en los ayuntamientos anteriormente mencionados.

Como partícipe a título lucrativo, la Fiscalía reclama al PP 245.492 euros por los delitos que presuntamente cometieron los exalcaldes de Majadahonda y Pozuelo de Alarcón Guillermo Ortega y Jesús Sepúlveda.

Estrategias

La fase de cuestiones previas de cualquier juicio vislumbran las estrategias de defensas que seguirán los imputados y el camino, ya trazado en sus escritos de calificación, que seguirán las acusaciones. Peticiones de nulidad, nuevas testificales, cambios de calendario... Pero también conocer los acercamientos previos entre abogados de los acusados y la Fiscalía, la negociación de posibles acuerdos de confomidad, mediante los cuales los primeros asumen su culpabilidad y una pena menor a la prevista a cambio de abandonar el banquillo.

Este horizonte procesal sobrevoló en la primera sesión del juicio, celebrada ayer, y podría tener continuidad hoy. Así lo dejaron entrever las defensas de al menos tres de los 37 acusados (intervinieron una quincena). Se trata del empresario Alfonso García-Pozuelo, presidente de la constructora Hispánica S.A., para quien la Fiscalía reclama 4 años y medio de prisión por los delitos de cohecho continuado; el también empresario Jacobo Gordon, exsocio de Alejandro Agag (yerno del expresidente José María Aznar), para quien solicitan dos años de prisión por el delito de blanqueo de capitales; y Roberto Fernández, el exconsejal de Hacienda de Pozuelo de Alarcón (Madrid, a quien piden dos años y tres meses de prisión por los delitos de fraude, prevaricación y malveración.

La razón de este movimiento puede deberse a las penas menores de los implicados, aunque su reconocimiento de los hechos daría munición a la Fiscalía Anticorrupción para estrechar el cerco sobre los principales acusados y poner en serios aprietos a personas que no firman parte del procedimiento.

En la jornada de hoy, las defensas del extesorero de Alianza Popular (1982-1987) Ángel Sanchís Perales y su hijo, Ángel Sanchís Herrero, han pedido la nulidad de las actuaciones contra ellos porque no reconoen el tribunal de la Audiencia Nacional que les investiga. La razón expuesta por ambos es que los hechos objetivos por los que se les acusa -un delito de blanqueo de capitales por ocultar fondos de Luis Bárcenas procedentes de Suiza-, además de ser inciertos, se produjeron en Argentina.

En el caso del hijo, su defensa ha planteado que la Justicia argentina ya tiene un procedimiento abierto por los mismos hechos, por lo que se tendría que aplicar el principio de 'non bis in idem' (no se puede juzgar dos veces por los mismos hechos), más si cabe porque la duplicidad procesal tiene lugar a 12.000 kilómetros de distancia, con la consiguiente indefesión que ello provoca a su cliente.

Se espera que a lo largo de la sesión de hoy intervengan los abogados del Partido Popular y de la exministra Ana Mato, responsables civiles como partícipe a título lucrativo, es deciur, por beneficiarse con la red. Por este motivo, La Fiscalía les reclama la devolución de 245.492 euros y de 28.467 euros, respectivamente. Mato se ausento ayer de la vista oral pese a que habúa una silla para ella en el banquillo de los acusados.