El Norte de Castilla

La Policía libera en Ibiza a 21 víctimas de trata, entre ellas una joven de 16 años

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Dos de las mujeres liberadas. / Foto: Policía Nacional | Vídeo: Atlas

  • La red obligaba a las jóvenes nigerianas a ejercer la prostitución en jornadas maratonianas, siendo golpeadas si no ganaban el dinero exigido

La Policía Nacional, con la colaboración de Europol y la Oficina de Investigación Criminal (BKA) alemana, han desarticulado una red de trata de mujeres nigerianas para su posterior explotación sexual en exclusivas zonas de Ibiza. La operación se ha saldado con la detención de 24 personas, entre ellas las dos máximas responsables de la organización, que estaba dirigida en sus más importantes escalones por mujeres. La red captaba a víctimas muy jóvenes entre las clases más desfavorecidas de las principales ciudades nigerianas, engañándolas con falsas ofertas de trabajo en España. Una vez en nuestro país, las obligaban a ejercer la prostitución en jornadas maratonianas, siendo golpeadas si no ganaban el dinero que exigían sus controladores. En el operativo la Policía ha liberado a 21 mujeres, víctimas de dicha organización, una de ellas de tan sólo 16 años.

Los agentes llevaban tras la pista de la organización desde finales del año pasado, cuando llegó a su conocimiento que dos personas podían estar dedicándose a la explotación sexual de mujeres de origen nigeriano en un polígono industrial de la localidad madrileña de Fuenlabrada. Comenzó así una investigación que ha culminado con la desarticulación de una organización internacional.

La organización estaba perfectamente estructurada, siendo sus principales pilares dos mujeres absolutamente especializadas en la trata y explotación sexual de ciudadanas nigerianas, actividad a la que llevaban dedicándose desde hacía mucho tiempo, adoptando numerosas medidas de seguridad a fin de evitar ser detectadas por la Policía. Ambas mujeres compartían tanto infraestructura como logística, alojando a las víctimas que explotaban cada una de ellas en los mismos pisos y utilizando a las mismas personas tanto para controlarlas, como para trasladarlas a las diferentes localidades donde eran obligadas a ejercer la prostitución. Con el fin de maximizar los beneficios obtenidos, los traslados de las víctimas por todo el territorio nacional eran frecuentes, especialmente a las provincias de Madrid y Castellón durante el invierno y, en verano, a zonas turísticas, principalmente a Ibiza.

Vudú como «contrato»

El "modus operandi" de la organización consistía en la captación de mujeres muy jóvenes y procedentes de los suburbios más pobres de las principales ciudades nigerianas, mediante falsas ofertas de trabajo bien remunerado en Europa, ofertas que, dadas las condiciones en las que estaban viviendo, no podían rechazar. Una vez aceptaban las ofertas, las víctimas eran sometidas a rituales de vudú, mediante los que adquirían una especie de contrato de fidelidad con la red, siendo amenazadas con toda clase de males, incluso la muerte, tanto ellas como sus familiares en caso de incumplimiento. Dichos rituales eran practicados obligatoriamente en presencia de un familiar directo de las víctimas.

Otra forma de conseguir víctimas era comprándolas a otras organizaciones en Libia o, incluso, durante el trayecto desde Nigeria.

Diferentes rutas, diferentes precios

Comenzaba aquí el viaje de las jóvenes, que eran trasladadas a Europa utilizando dos vías: o bien la terrestre por Libia o, en menor medida, la aérea atravesando Marruecos para acceder a Ceuta y desde allí embarcar en pateras rumbo a la Península o cruzar el Estrecho ocultas en vehículos.

Las víctimas que llegaban a través de Libia, tan pronto ingresaban en campos de refugiados en Italia, eran localizadas por miembros de la organización asentados en la zona que se encargaban de sacarlas de allí y proporcionarles alojamiento. Otros miembros se desplazaban desde España para recogerlas y trasladarlas a nuestro país en vuelos interiores, utilizando documentación de mujeres nigerianas en situación legal para evitar la detección de las víctimas en los aeropuertos.

Una vez en España, eran informadas del verdadero propósito de su viaje, así como de la deuda contraída con la organización que, en el caso de las mujeres que viajaban a través de Libia, ascendía a unos 35.000 euros y en el de las que atravesaban Marruecos a unos 55.000. Deuda que tendrían que saldar ejerciendo la prostitución en la vía pública trabajando todos los días, en jornadas maratonianas, sin posibilidad de elegir a los clientes y debiendo entregar todo el dinero obtenido por sus servicios a los tratantes.

Con el fin de regularizar la situación administrativa de las víctimas, los miembros de la organización las instruían para que solicitasen Protección Internacional. De esta manera, desde el primer momento estaban documentadas, al menos temporalmente, y la organización podía empezar a rentabilizar su inversión sin miedo a que pudieran ser detenidas por infracción a la Ley de Extranjería. Para iniciarlas en el ejercicio de la prostitución las víctimas, ya en España, eran sometidas nuevamente a rituales de vudú.

Zonas exclusivas de Ibiza

Aprovechando la afluencia masiva de turistas que se produce en la época estival, las víctimas eran trasladadas a Ibiza, con el objeto de maximizar los beneficios de su explotación. Entre las dos responsables de la organización tenían totalmente controlada la prostitución callejera en las zonas más exclusivas de la isla. Ambas se repartían las plazas, ocupándolas con sus propias chicas y no permitiendo que ejerciera la prostitución en las mismas ninguna mujer que no estuviera controlada por ellas. Y si quedaba libre alguna plaza, se las prestaban a otras mujeres, también nigerianas, previo pago correspondiente a las “dueñas” de las mismas. Una vez en la isla, las víctimas eran conducidas a un piso, donde quedaban absolutamente privadas de libertad y del que sólo podían salir para adquirir comida y para ejercer la prostitución, siendo en todo momento controladas por otros miembros de la organización que vivían en el mismo piso y que no les permitían tener llaves, para así conocer exactamente todos sus movimientos.

Las víctimas eran obligadas a trabajar en la calle todos los días de la semana, con independencia de las inclemencias climatológicas o de su estado de salud, en jornadas maratonianas de hasta 14 horas y no podían regresar al piso hasta que no hubieran ganado el dinero que la organización las exigía, cantidades que llegaban hasta los 1.000 euros por noche. Si regresaban sin haber recaudado suficiente dinero, eran castigadas por los controladores, que las obligaban a ponerse de rodillas durante horas, golpeándolas con palos de fregonas y de escobas de barrer.

A pesar de las cantidades de dinero que proporcionaban a la organización, las víctimas vivían en las más precarias condiciones de habitabilidad y salubridad, habiendo encontrado los agentes en el momento del registro hasta diecisiete mujeres compartiendo un piso de apenas 30 metros cuadrados. Trece de ellas eran víctimas, que dormían hacinadas en camas de 90 cm, que compartían entre tres y cuatro chicas cada una.

Los miembros de la organización adoptaban todo tipo de medidas de seguridad para evitar ser detectados por la Policía. De hecho, durante la investigación, una de las máximas responsables al sospechar que los agentes pudieran estar tras su pista, emprendió un viaje huyendo por Francia y Suiza hasta Alemania, donde finalmente fue localizada en un centro de refugiados, en el que había solicitado asilo con una de las múltiples identidades de las que disponía, desconocida hasta ese momento por la Policía.