Anticorrupción pide seis años de cárcel para Griñán por el caso de los ERE

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José Antonio Griñán y Manuel Chaves. / Foto: Efe | Vídeo: Europa Press

  • La Fiscalía le acusa de malversación y solicita diez años de inhabilitación por prevaricación para el también expresidente socialista Manuel Chaves

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Mazazo entre las filas del socialismo andaluz tras conocerse que el Fiscal Anticorrupción solicita una pena de 6 años de cárcel y 30 de inhabilitación para cargo público para el expresidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, por un delito continuado de malversación y otro de prevaricación en el caso de los ERE fraudulentos pagados con dinero público cuando fue consejero de Hacienda entre los años 2004 y 2009. Para su antecesor en el cargo, el también socialista Manuel Chaves, se piden 10 años de inhabilitación por prevaricación.

La pena llega tres años después de ser imputado, dejaron sus escaños en las Cortes en 2015 una vez que el Tribunal Supremo decidió seguir adelante con la causa y poco después se dieron de baja del partido. La petición de pena para Griñán se produce por su ejercicio como consejero de Hacienda de la Junta de Andalucía, y por tanto considerado responsable último de las modificaciones presupuestarias que permitieron engordar la partida 31-L con la que se pagaban de forma discrecional y opaca las ayudas sociolaborales y a empresas en crisis. En el auto de procesamiento, el juez recordó que la intervención general alertó en varias ocasiones del empleo de un sistema inadecuado (las transferencias de financiación) para conceder las ayudas, sin procedimiento reglado e incumpliendo además las garantías y fines propios de las ayudas”, pero que Griñán “no hizo nada para evitarlo”.

Además de los expresidentes, el ministerio público pide ocho años de prisión para tres ex consejeros andaluces, José Antonio Viera, Antonio Fernández y Francisco Vallejo, por el delito continuado de malversación, y seis años para otra ex consejera, Carmen Martínez Aguayo, y el exinterventor general de la Junta Manuel Gómez Martínez, por el mismo delito. Para los exconsejeros de Presidencia, Gaspar Zarrías, y de Economía, Magdalena Álvarez, pide 10 años de inhabilitación por prevaricación.

La petición del fiscal incluye además la devolución a las arcas públicas del dinero destinado a pagar estas ayudas entre 2000 y 2010. El escrito remitido al juzgado establece para ello distintas cuantías en función de los años, y estima que en el caso de Griñán la devolución solidaria junto a otros acusados asciende a más de 483 millones de euros por las ayudas concedidas entre los años 2005 y 2010.