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Mateo Balín
Viernes, 24 de junio 2016, 20:41
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El Pleno de la Sala Penal de la Audiencia Nacional ha rechazado apartar por primera vez a un magistrado de juzgar dos sumarios de ETA. Los 17 jueces que participaron en la reunión decidieron que su compañero José Ricardo de Prada siga formando parte del tribunal que verá las causas PCTV-ANV y el intento de asesinato del exedil de UPN Miguel Ángel Ruiz de Langarica.
En este caso, los magistrados han decidido por unanimidad no recusar a De Prada por considerar la petición fuera de lugar, puesto que el tribunal ya ha deliberado sobre ese procedimiento y ha dictado sentencia, que absolvió al etarra Jorge Olaiz del intento de asesinato.
En el sumario de PCTV-ANV, formaciones ilegalizadas por el Tribunal Supremo, nueve de los 17 jueces secundaron mantener a su compañero en el tribunal. En ambos casos con el criterio en contra de la Fiscalía, que apoyaba las recusaciones de De Prada porque en su intervención del pasado 14 de abril en un encuentro organizado por el Ayuntamiento de Tolosa (Guipúzcoa) abordó aspectos relacionados con causas terroristas que comprometerían su independencia.
"Irregular e interesada"
En ese foro, el titular de la sección segunda de lo Penal invocó la vulneración generalizada de derechos fundamentales en la respuesta legal contra el terrorismo y la aplicación de los tipos penales de terrorismo a quienes no pueden ser considerados como tales. Unas manifestaciones que para la Fiscalía mostraron sus «prejuicios» hacia la prueba pericial de inteligencia aportada en el proceso al etarra Olaiz y que el magistrado calificó de «irregular e interesada» y de una «manifestación más de la violación de derechos fundamentales que inspira la respuesta legal contra el terrorismo».
En cuanto al enjuiciamiento de Jean Claude Aguerre y Xavier Phillipe Larralde en el sumario PCTV-ANV, la Fiscalía cree que proyectó «la imagen de tener predeterminado por razones de política criminal la respuesta al asunto planteado en autos sobre el carácter terrorista de tales entornos políticos». Los incidentes de recusación fueron planteados por las acusaciones de la Asociación Víctimas del Terrorismo y el colectivo Dignidad y Justicia.
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