La justicia sigue sin creerse la versión de la herencia del abuelo Florenci

Si lo que Jordi Pujol pretendía aquel 25 de julio de 2014 al entonar el 'mea culpa' con su declaración pública era convertirse en cortafuego para su familia, desde luego no lo ha logrado. Tampoco la regularización apresurada del dinero de Andorra por parte del clan antes de la famosa confesión ha frenado a la justicia. Un año después de aquel gesto, siete de los nueve miembros de la familia, con el el padre y la madre al frente, están ya imputados por diversos delitos fiscales a cuenta de la supuesta herencia del abuelo Florenci.

Esa investigación, además, se une a otros tres sumario en los que algunos de los Pujol están también acusados de desfalcos al fisco. Solo un hijo de los siete, Josep, no tiene cuentas pendientes en los tribunales. Al menos por el momento, porque él también se benefició de la supuesta herencia del abuelo.

La maniobra del expresidente catalán tuvo un recorrido muy corto. La Agencia Tributaria no tardó en hacer públicos los primeros resultados de sus ivestigaciones: la familia ocultó a Hacienda 12,4 millones de euros en patrimonio y otros 4,14 millones en renta solo entre 2010 y 2013

Con esos mimbres, Pujol y la mayoría de los suyos no llegaron a fin de año sin estar imputados por el 'caso Herencia'. Primero cayeron el matrimonio, Oleguer, Pere y Marta. Luego, unas semanas más tarde, fue imputado el primogénito Jordi Pujol Ferrusola, como gestor de la fortuna de sus hermanos, entonces menores de edad.

   

Ni un solo papel

      

Si la confesión del exjefe del Ejecutivo catalán sobre el origen de su fortuna opaca, lejos de despejar dudas, hizo crecer las suspicacias de que ese dinero nada tenía que ver con la 'deixa' (legado) del abuelo, las actuaciones del clan y sus interrogatorios ante el Juzgado de Instrucción 31 de Barcelona han acrecentado esa convicción.

Un año y siete imputaciones después, la familia ha sido incapaz de aportar un solo papel, aunque sea no oficial, que pruebe, o al menos aporte visos de verdad a la tesis de que los millones que durante años movió la familia en Andorra no vienen de negocios turbios. A pesar de las insistencia de la juez Beatriz Balfagón y de la Fiscalía Anticorrupción, nada de nada. Es más, el único documento aportado a la causa, el testamento oficial del abuelo, no ponía una palabra de ese dinero.

El pasado 27 de enero, el expresidente salió de los juzgados de Barcelona en la misma condición que había entrado, imputado. Su explicaciones, o más bien sus evasivas, y la falta de respuestas convincentes de su mujer, Marta Ferrusola, y de sus tres hijos no convencieron a nadie. Él insistió hasta la saciedad: «El dinero no proviene de la corrupción ni del erario público», afirmó tajante. Pero, de nuevo, ni una prueba. «¿Y por qué no regularizó esa fortuna antes?», fue la obvia pregunta de la juez. «Tenía miedo», fue la respuesta naif de Pujol.

La magistrada Balfagón y la Fiscalía también han pedido sin éxito todos estos meses a la familia que aportara los extractos bancarios de esos movimientos en Andorra para demostrar que el gran éxito en las inversiones financieras con la herencia de Florenci Pujol explican la fortuna opaca en el país pirenaico.

Pero de nuevo, nada. Los Pujol no solo no respondieron a la solicitud, sino que intentaron torpedear las comisiones rogatorias a los autoridades andorranas para conseguir esos extractos.

Es cierto -y eso lo admiten en los juzgados de Barcelona- que un año después en el 'caso Herencia' sigue sin haber «pruebas fehacientes» que confirmen la sospecha general, que no es otra que la fortuna viene de las 'mordidas'. Aunque hay contactos, ningún empresario se ha atrevido a tirar de la manta.

Harina de otro costal son las otras tres causas en las que están involucrados tres de los hijos: Oleguer y Jordi (que también están imputados en el 'caso Herencia') y Oriol, que milagrosamente se ha salvado de estar encausado por la 'deixa'.

Las comisiones parecen estar más que claras en el caso de las adjudicatarias que involucra al hermano mayor, pues hay muchos indicios de que Jordi Pujol 'junior' se embolsó más de ocho millones por favores a 17 empresas adjudicatarias de la Generalitat. En el caso de Oriol, la prueba documental de que cobró por implementar las ITV y participar en los planes de deslocalización de empresas es abrumadora.

Oleguer, por su parte, ha vivido un año de pesadilla desde que su padre confesó. Desde entonces, la Udef, Anticorrupción y el juez Santiago Pedraz le tienen en su punto de mira y han puesto patas arriba con registros todo su imperio mercantil a la búsqueda del origen de la inmensa fortuna que le ha hecho cerrar pelotazos inmobiliarios superiores a 2.000 millones de euros en una operación.