Cinco acusados de la red de extorsión de ETA niegan que cobraran el 'impuesto revolucionario'

Cinco acusados de pertenecer a una red de extorsión de ETA que actuaba en torno al bar Faisán de Irún (Guipúzcoa) han negado hoy en el juicio relación alguna con la banda terrorista y que se dedicaran al cobro del denominado 'impuesto revolucionario' entre 2005 y 2006.

La Audiencia Nacional ha comenzado hoy el juicio de Ramón Sagarzazu Olazaguirre, Jean Pierre Haracorene Camio, Emilio Castillo González, José Carmelo Luquin e Ignacio Aristizábal, cinco de los siete acusados por su relación con esta red, ya que Jesús Iruretagoyena ha muerto y Alfonso Martínez de Lizarduy queda exento de la vista por su mal estado de salud y avanzada edad.

Los tres primeros se enfrentan a una petición del fiscal de ocho años de cárcel por integración en grupo terrorista y los otros dos a seis años por colaboración. El fiscal también acusaba en esta causa a cinco personas que formaban parte del consejo de la empresa Azcoyen, para los que pedía seis meses de cárcel por delito de administración fraudulenta por acceder a pagar a ETA unos 222.000 euros (37 millones de pesetas de entonces), pero la Audiencia ha decidido enviar el procedimiento respecto a los mismos a los juzgados de Navarra.

Los acusados fueron procesados en 2008 por el entonces juez Baltasar Garzón como presuntos integrantes de una subestructura de ETA, llamada Gezi (Punta de flecha), liderada por el fallecido Joseba Elosúa, propietario del bar Faisán de la localidad guipuzcoana y que recibió un chivatazo policial en 2006 que frustró una operación policial contra la red de extorsión.

Los acusados han justificado las cartas que manejaron y las conversaciones que mantuvieron con Elosúa alegando que eran para publicidad, para la entrega de entradas para partidos de pelota, para felicitaciones de Navidad, sobre facturas de compraventa de vino e incluso para hablar de la tregua de ETA pero en ningún caso para extorsionar en nombre de banda terrorista.

El comisario de Policía Enrique Pamiés y el inspector José María Ballesteros fueron condenados por esta delación a 18 meses de cárcel y a cuatro años de inhabilitación en una sentencia dictada en octubre de 2013 por la Audiencia Nacional, confirmada un año después por el Tribunal Supremo y recurrida ante el Constitucional.

La Audiencia llevará ahora al banquillo de los acusados a Carmelo Luquin, yerno del dueño del bar Faisán, Joseba Elosúa -ya fallecido-, a varios presuntos miembros de ETA que trasladaron cartas de extorsión y a algunos empresarios que fueron procesados por efectuar pagos a la organización terrorista y no cumplir con su deber de denunciar las amenazas de la que estaban siendo objeto.

En su escrito de acusación provisional, el Ministerio Público pide la pena más alta, de ocho años de cárcel, para Alfonso Martínez de Lizarduy, Ramón Sagarzazu Olazaguirre, Jean Pierre Haracorene Camio y Emilio Castillo González de Mendivil, a los que atribuye un delito de integración en organización terrorista por trasladar desde Francia las cartas de extorsión de la banda y gestionar los pagos del llamado 'impuesto revolucionario'.

Además, reclama que el yerno de Elosua, José Carmelo Luquin, así como Ignacio Aristizabal y Jesús Iruretagoyena de la Fuente sean condenados a seis años de cárcel por un delito de colaboración con organización terrorista, al haber participado en la distribución de las cartas de extorsión y otros trámites para asegurar los pagos. La Fiscalía sitúa en el centro de la trama al dueño del 'Faisán', Joseba Elosua, ya fallecido, y considera que en su establecimiento "se recibían informaciones de naturaleza económica, se gestionaban los contactos de los extorsionados" y se realizaban entregas en metálico a "responsables o colaboradores de la organización terrorista ETA en Francia".

Cinco consejeros de Azkoyen

Entre esas entregas figura una de 54.000 euros fechada el 3 de mayo de 2006, día antes del chivatazo, que realizaron dos empresarios no identificados utilizando como intermediario al exdirigente del Partido Nacionalista Vasco (PNV) Gorka Aguirre, también fallecido, que llegó a estar imputado en el procedimiento, cuya investigación concluyó el juez Pablo Ruz en marzo de 2013.

El fiscal también atribuye un delito de administración fraudulenta, penado con seis meses de prisión, a cinco miembros del consejo de administración de la empresa de máquinas expendedoras Azkoyen: Jesús Marcos Calahorra Muñoz, José María Careaga Meavenzorena, Francisco Elizalde Golzaraz, Ricardo Armendáriz e Ignacio Moreno Purroy.

Todos ellos deberán reintegrar a la compañía 222.374,47 euros, el equivalente de los 37 millones de pesetas que los consejeros sacaron de la caja fuerte de la empresa tras recibir varias cartas amenazantes de ETA, la última en julio de 2001. "Los extorsionados, miembros del consejo de administración, llevados por el miedo y la coacción, no denunciaron los hechos, hicieron el pago y, más tarde, lo hicieron figurar como gasto no deducible en la contabilidad", señala el fiscal, que apunta, no obstante, que "el cargo falseado es inferior a los 240.000 euros que exige el tipo penal".

Al cargo de Olarra Guridi

El fiscal también recuerda que el origen de la investigación del aparato de extorsión de ETA -conocido internamente con las siglas GEZI, 'punta de lanza' en euskera, y dependiente del entonces número uno de la organización Juan Antonio Olarra Guridi-, se sitúa en la detención en 2001 del responsable de logística de la banda Asier Oyarzabal Chapartiegui, a quien se intervino una carta de extorsión y dinero procedente de la extorsión.

En sus comunicaciones internas la banda reflejaba "las personas o entidades contra las que atentar, como objetivos de carácter económico", que sólo eran sacados de las listas bien cuando pagaban la cantidad exigida, de una sola vez o de manera fraccionada, o bien cuando aseguraban haber iniciado las negociaciones para abonar el pago.