San Andrés tendrá que asumir cerca de 100.000 euros de costas por los procesos a cuenta de las retribuciones complemetarias

Momento de la rueda de prensa de UGT.

Desde UGT denuncian que en el Ayuntamiento «se han tomado decisiones como si gestionaran sus propios negocios»

N. BARRIOLeón

El Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo tendrá que pagar las costas de los procesos abiertos por la cuestión de las retribuciones, que podrían llegar a 2.800 euros por cada proceso.

Nicolás Sanz de UGT aseguraba que «en el Ayuntamiento de San Andrés se han tomado decisiones como si gestionaran sus propios negocios, con intereses partidistas y con el más absoluto de los desprecios hacia los funcionarios. Han tomado decisiones detestables, sin sentido ni rigor jurídico».

Así, el sindicalista denunció que «la alcaldesa redujo en el presupuesto de 2016 el 50 por ciento del complemento retributivo para no pagarlo, cuando hasta el año 2015 se estaba ejecutando toda la cantidad».

Sanz quiso señalar que, desde UGT, «decidimos poner una demanda, a la vez que algunos funcionarios presentaban sus reclamaciones». El fallo ya se conoce y éste deja «sin efecto» el 'recorte' en presupuestos de 2016 «y deja nulas las decisiones».

Desde el sindicato se hizo pública la sentencia, que condena al Consistorio del alfoz al pago de las costas, una cuestión que no es menor, ya que «según nuestros cálculos hay cerca de treinta sentencias individuales cuando hablamos de unas costas que llegan a los 2.800 euros de media». En este sentido, Sanz hizo una aproximación: «Sólo en costas el Ayuntamiento puede pagar las retribuciones de los funcionarios de Justicia de León».

El sinsicato mantiene que «exigirá el cumplimiento de la sentencia».

Desacuerdo con la RTP

Por su parte José Carlos Lozano, representante de UGT en la Junta de Personal del Ayuntamiento de San Andrés, aseguró que «el Consistorio ha creado el cuarto contrato que han firmado, lo único que presentaron fue una parte incial, hace alusión pero es un documento incompleto que acaba generando mayor incertidumbre».

Así, estimó que cada una de las RPT «o pretendía bajar el sueldo o buscar los despidos».

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