Una sentencia judicial obliga a la Diputación de León a cesar en sus funciones al actual interventor de la institución

Imagen de un pleno de la Diputación Provincial.
Imagen de un pleno de la Diputación Provincial.
  • La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, a la que ha tenido acceso leonoticias, ordena el cese en su puesto en el plazo máximo de ocho semanas

Las tensas relaciones que en las últimas semanas ha dejado ver el presidente de la Diputación Provincial de León, Juan Martínez Majo, con el interventor de la institución, Rafael Benítez del Lugo, tienen 'fecha de caducidad'.

Adiós a los enfrentamientos en los plenos, a las abiertas discrepancias entre ambas partes y a las diferencias de criterios. Y el final de las desavenencias no llegará de mano del presidente ya que ha sido una sentencia quien 'recompondrá' la situación.

Un auto del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL), al que ha tenido acceso leonoticias, ordena al presidente de la institución provincial el cese inmediato en sus funciones del actual interventor.

Dos meses

El plazo máximo para que Rafael Benítez del Lugo abandone su puesto es de dos meses según el auto del alto tribunal. El mismo dictamen concluye que es conveniente atender las reclamaciones presentadas en su día por quienes, al igual que el actual interventor, optaban a ese puesto.

Entonces se procedió al nombramiento en el cargo por «designación directa» con el fin de buscar un 'recambio' para el también interventor Manuel Jesús López Sánchez, imputado por la trama Púnica

Según el detalle del dictamen no correspondía el nombramiento con este tipo de designación del actual interventor, admitiendo sin embargo que en la actualidad sí es procedente un nombramiento bajo esta formulación.

Designación directa

Ahora la Diputación debe dar por recibido de forma oficial el dictamen para, a continuación, ejecutar la sentencia cesando en sus funciones al actual interventor.

Una vez que la vacante sea efectiva se puede proceder al nombramiento de un nuevo responsable para el cargo en esta ocasión siendo procedente ya la «designación directa».

La sentencia abre la puerta a la designación incluso del actual interventor, si bien el notable enfrentamiento entre el actual equipo de gobierno y quien ocupa hoy el cargo hace inviable su continuidad.