La mayor estafa de aseguradoras de León implica a 70 personas

  • El cabecilla de la trama, abogado de profesión y que se encargaba de simular los accidentes, se enfrenta a 12 años de cárcel mientras que su colaboradora en los Juzgados, un funcionario, a seis años

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Hasta 70 personas se sentarán en el banquillo de los acusados por formar parte de la red organizada dedicadas a orquestar accidente de tráfico en León con una petición conjunta superior a los 50 años de prisión, doce para el supuesto cabecillo de la trama, y la exigencia de fianzas que oscilan entre los 10 millones y los 323.000 euros, hasta superar los 40 millones.

Se trata de la mayor estafa a aseguradoras en la historia de la provincia de León, con un total de 23 compañías afectadas, que se saldó con la detención de 15 de los implicados en una trama en la que participaron abogados, fisioterapeutas, médicos así como un funcionario de los Juzgados y una agente de la Policía Nacional.

Concretamente los acusados se enfrentan al delito continuado de estafa agravada, de falsedad en documento oficial, de constitución o pertenencia a grupo criminal, de blanqueo de capital, contra la Hacienda Pública y tenencia ilícita de armas. A la acusación pública se suman la representación legal de cinco aseguradoras como acusación particular.

Según el auto al que auto al que ha tenido acceso leonoticias, el cabecilla de la trama, C.H.F., abogado de profesión, era el encargado de organizar los accidentes, la mayoría “por alcance” y en los que viajaban varios ocupantes en los vehículos. Es más, elegía los vehículos que iban a estar implicados así como a sus ocupantes y el lugar del accidente dentro de la operativa.

Una vez que se registraba el accidente, asumía la defensa jurídica de uno de los vehículos implicados mientras que otros dos letrados implicados en la trama, C.M.M. o J.L.P.V, la de los otros implicados como parte contraria.

Colaborados desde el juzgado

Tras presentar la oportuna denuncia, F.J.G.F., funcionario del Juzgado de Instrucción nº5 de León, se encargaba de registrarlas con la fecha que más convenía. Además sustrajo un sello de registro de las dependencias judiciales que sirvió para que el cabecilla de la trama le encargarse a otro acusado una copia para crear la apariencia de que se habían presentado denuncias o demandas frente a las compañías aseguradoras, facilitando o agilizando las transacciones de las mismas.

Por otra parte, el cabecilla derivaba a los supuestos lesionados a dos médicos, los también acusados M.A.E. y M.N.L., que elaboraban informes donde les prescriban tratamientos de rehabilitación que eran prestados por tres fisioterapeutas – I.P.F., M.A.B.P. Y D.S.L.- que facturaban sesiones que nunca realizaron, acordando repartirse las indemnizaciones cobradas.

Tras contar con el informe médico, negociaban las indemnizaciones con las aseguradas, en el caso de Zurich, a través de uno de los empleados, F.V.G.G. también acusado, que a cambio de un beneficio económico, transaba el dinero a sabiendas de que eran accidentes falsos.

Los supuestos accidentes, a instancias del cabecilla, abrían cuentas corrientes conjuntas con él, fundamentalmente en Caja Laboral. Concretamente, en el año 2012 se abrieron de 160 cuentas donde fueron ingresadas las indemnizaciones que posteriormente eran retiradas, llegando a efectuar traspasos de esas cuentas, de la que era titular su mujer, también acusada, por valor superior a los 735.000 euros.

Indicios

Fruto de las investigaciones de la Policía Judicial de León, el 13 de marzo del 2013 se procedió a la entrada y registro del domicilio que el cabecilla de la trama tiene en la calle Martín Granizo de la capital, encontrándose durante los registros unos 262.000 euros en billetes de 500, 200 100 y 50 euros procedentes de las actividades ilícitas, además de una máquina contadora de dinero y una libreta de su mujer con diferentes anotaciones

Posteriormente, en compañía de representantes del Colegio de Abogados se efectuó el registro de sus despachos donde se intervinieron 402 expedientes relativos a accidentes de tráfico, en su mayoría simulados, con informes falsos emitidos supuestamente por médicos forenses de León. Igualmente, en varios expedientes aparecieron partes de baja médicos falsos así como diversos documentos con firmas falsificadas y un revólver sin número.

Unos hechos por los que el Ministerio Fiscal solicita hasta 12 de años para el cabecilla de la trama la que se le requiere una fianza superior a los 10,5 millones de euros para cubrir la responsabilidad civil derivadas de este proceso judicial. Asimismo, deberá indemnizar a Hacienda con más de dos millones de euros por las cuotas dejadas de ingresar.

Por su parte, su mujer, funcionario del Cuerpo de la Policía Nacional en excedencia, se enfrenta a dos años de prisión y el pago de una fianza de 1,3 millones, mientras que el funcionario judicial a seis años así como la inhabilitación especial para el desempeño de su cargo público durante cinco años y el pago de 422.000 euros en concepto de fianza.

Del resto de acusados, hasta 24 se enfrentan a penas de entre uno y dos años de prisión y la presentación de una fianza que oscilará entre los 730.000 euros y los 323.000. Asimismo, se solicitan diferentes indemnizaciones a las aseguradoras, que superan los 200.000 euros en el caso de AXA Seguros y Zurich.

Un procedimiento judicial que aún no está señalado pero que inicialmente no está previsto que se celebre antes del verano del 2017.