Victorino Alonso, condenado por por causar graves daños sobre el patrimonio histórico

  • El juez considera acreditado que Fimbas S.A. era conocedora de la existencia del yacimiento arqueológico, de su protección y de la necesidad de solicitar autorización

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El magistrado del Juzgado de lo Penal número 1 de Huesca ha condenado, en la sentencia hecha pública este viernes, al empresario leonés Victorino Alonso García como autor penalmente responsable de un delito sobre el patrimonio histórico, al causar graves daños en el yacimiento neolítico de la Cueva de Chaves, situada en el término municipal de Casbas (Huesca).

Victorino Alonso García ha sido condenado a la pena de dos años y seis meses de prisión y a indemnizar al Gobierno de Aragón con 25.490.805 euros, cantidad de la que debe responder de forma subsidiaria la empresa Fimbas S.A., de la que era administrador, que además deberá satisfacer las costas del proceso.

Por otra parte, el juzgador absuelve a Alonso del delito contra el medio ambiente que se le imputaba y a la empresa Ferpi Transportes y Obras S.A., y a la compañía Mapfre de las responsabilidades Civiles que se les reclamaba, según la sentencia hecha pública este viernes.

El proceso se inició en junio de 2009 por una denuncia interpuesta por la Fiscalía al tener conocimiento de que en el yacimiento arqueológico de la finca denominada 'Bastarás', en el Parque Natural de la Sierra y Cañones de Guara y uno de los más importantes asentamientos neolíticos de la Península Ibérica por sus hallazgos y sus pinturas rupestres, el empresario Victorino Alonso García había ordenado la realización de obras en el interior de la Cueva de Chaves.

Los trabajos consistían en el vaciado de sus losas y sedimentos, con el fin de nivelar el suelo de la cueva y colocar comederos y abrevaderos para la cría de cabras, así como de utilizar el material extraído para la construcción de un dique de contención de aguas cercano a la cueva. Las losas y sedimentos arqueológicos fueron retirados con una retroexcavadora de gran tonelaje y sin la presencia de ningún arqueólogo.

El magistrado considera acreditados los daños consistentes en el arrasamiento y destrucción de la práctica totalidad de los niveles arqueológicos de cronología neolítica que se encontraban en la Cueva de Chaves.

Conocedores de su valor arqueológico

En su sentencia, el juez considera también acreditado que Fimbas S.A. era conocedora de la existencia del yacimiento arqueológico, de su protección y de la necesidad de solicitar autorización al Ejecutivo aragonés para realizar cualquier tipo de intervención en la cueva y que Alonso "no sólo era conocedor de la existencia del yacimiento dentro de la Cueva de Chaves, sino también de su valor arqueológico y por consiguiente también de su protección".

Pese a ello, Victorino Alonso "tomó la decisión de vaciar la Cueva de Chaves con el fin de utilizarla para el interés de la empresa y la explotación del coto de caza".

Entiende el magistrado que la extracción de sedimentos y la nivelación del suelo "obedeció a un plan preconcebido y no como consecuencia de una acción involuntaria de arrastrar la tierra al sacar las losas", tal y como argumentaba la defensa.