El Norte de Castilla

El juez Eloy Velasco procesa al expresidente de la Diputación de León y a sus dos aliados en la Púnica

El expresidente de la Diputación de León, Martín Marcos Martínez Barazón
El expresidente de la Diputación de León, Martín Marcos Martínez Barazón. / EFE
  • Entiende que existen indicios «suficientes» para procesar a Jesús López 'Suso' y Pedro Vicente Sánchez por colaborar con Marcos Martínez en la relación que mantenía con Alejandro de Pedro para mejorar su reputación política a través de financiación pública y a cambio de adjudicaciones directas

El juez Eloy Velasco ha acordado continuar la tramitación del procedimiento de la pieza número 2 'León' en el marco de la ‘Operación Púnica’ contra el expresidente de la Diputación de León, Martín Marcos Martínez Barazón, el alcalde de Puebla de Lillo, Pedro Vicente Sánchez García y el exinterventor de la Diputación, Manuel Jesús López Sánchez, así como contra Alejandro de Pedro Llorca y José Antonio Alonso Conesa y contra las empresas de reputación en Internet Eico On Line SL y Madiva Editorial y Publicidad S.L.

Una decisión que el juez toma en base a todas las diligencias practicadas hasta el momento, interrogatorios de los investigados y de los testigos así como de las interceptaciones telecomunicativas para concluir que “existen indicios racionales de que las personas investigadas en esta causa pudieron cometer delitos de fraude, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas a funcionarios públicos, cohecho, revelación de información reservada, prevaricación continuada y malversación de caudales públicos continuada”.

Asesoramiento político y reputación on line

La resolución del juez sitúa los hechos en la Diputación de León en 2014, y señala a las empresas de Alejandro de Pedro, Eico y Madiva, que llevaban años realizando trabajos de reputación en internet para autoridades y cargos electos. El magistrado describe la relación entre los cargos públicos y los empresarios investigados de la que todos sacaban beneficios personales.

En el caso del expresidente de la Diputación de León, el magistrado indica que se puso en manos de Alejandro de Pedro para conseguir su objetivo de consolidarse en el cargo así como la promoción política del mismo. Las empresas de Alejandro de Pedro y sus diarios digitales –León Actualidad, Noticias Ponferrada, Astorga Actualidad y Ahora Cistierna -, sin actividad periodística real, creaban noticias favorables al político para posicionarle en la red, mejorando su reputación ‘online’.

Respecto a dichos trabajos, según recoge el auto al que este diario ha tenido acceso, no se han encontrado facturas dado que el trabajo reputación se costeaba a través de la colocación de banners publicitarios en dichos diarios. Una actividad que arrancó en abril de 2012 durante la etapa de Isabel Carrasco en la Presidencia de la Diputación de León y que suponía un coste que rondaba los 3.300 euros.

Estas noticias, eran facilitadas por el departamento de prensa de la propia Diputación, de modo que las empresas de De Pedro se limitaba a insertar dichas noticias en los “escasamente leídos diarios digitales”, con el único objetivo de posicionar en la red noticias favorables a ambos presidentes de la Diputación. Asimismo, dichos diarios recibieron dinero de la empresa pública Gersul durante la Presidencia de Martínez-Barazón para campañas de publicidad.

A su vez, continúa el auto del juez Velasco, Alejandro de Pedro se prestaba “a trasladar a personas notorias e influyentes del Partido Popular”, como Carlos Javier Floriano o María Dolores de Cospedal, informaciones favorables “sobre los apoyos que gozaba en la provincia” con el fin de conseguir que Martin Marcos Martínez continuara como presidente del Partido Popular en León.

Adjudicaciones directas

Es más, Barazón contrató a José Antonio Alonso Canesa, socio de Alejandro de Pedro, un plan de medios de comunicación a pesar de que la Diputación cuenta con una institución de prensa. Entre sus primeras labores, supervisar el discurso de homenaje a la fallecida Isabel Carrasco con dinero público.

A cambio, señala el juez, los empresarios que le prestaban esos servicios recibían adjudicación directa de este tipo de trabajos. Esta forma de proceder, señala Velasco en su auto, se prestaba solamente para los fines personales de Martin Marcos Barazón, “alejados del bien común, con el correlativo perjuicio para las arcas públicas”, con trabajos que se encargaban que no tenían relación con los fines para los que estaban previstos los medios de la Diputación.

El juez cifra en 90.000 euros los fondos públicos que recibieron de forma irregular las empresas de Alejandro de Pedro, “instrumentalizando una secuencia continuada de resoluciones ejecutivas, decisorias y arbitrarias, por las que mes tras mes, entre enero de 2012 y septiembre de 2014, se aprobó un gasto indebido, sin formalizarse si aprobarse ningún tipo de contrato o procedimiento negociado de respaldo, fraccionando con intención, un gasto irregular durante meses”

Entramado de la Púnica

Otra de las operaciones investigadas en esta pieza se centra en todas las gestiones realizadas por los investigados para adjudicar los contratos públicos vinculados a la estación invernal de San Isidro a las empresas de Alejandro de Pedro.

El magistrado describe la forma de proceder de los cargos públicos investigados, en especial el expresidente Martin Marcos Martínez así como del interventor, Manuel Jesús López Sánchez, quienes según el juez, de las interceptaciones telefónicas se desprende que ambos tenían intereses personales para beneficiar a las empresas de Alejandro de Pedro en los concursos vinculados a la mencionada estación de esquí.

En cuanto a la figura de Pedro Vicente Sánchez, el juez asegura que el alcalde de Puebla de Lillo, “persona de la más íntima confianza de Marcos Martínez Barazón", asistió a las reuniones en las que se concertaron los términos de la configuración y adjudicación de los contratos públicos, dirigiendo incluso la visita que a las pistas de esquí. Además le señala como el encargado de saltarse los controles para evitar la fiscalización de esos gastos de publicidad.

A partir de ahora fiscal y la acusación popular disponen de 10 días para formular sus escritos de acusaciones o bien solicitar el sobreseimiento de la causa.