El juez Eloy Velasco cita al alcalde de Puebla de Lillo como investigado en la trama Púnica

  • Pedro Vicente Sánchez deberá comperecer el día 13 de septiembre acusado de pagar con dinero público a Alejandro de Pedro para conseguir que Marcos Martínez lograse el apoyo de Génova en sus aspiraciones políticas

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La trama Púnica estrecha su cerco en León. El juez Eloy Velasco ha citado en calidad de investigado a Pedro Vicente Sánchez García, alcalde de Puebla de Lillo, considerados como uno de los estrechos colaboradores de la expresidenta de la Diputación de León, Isabel Carrasco, y del encausado en la trama Marcos Martínez, según pública Vozpopuli.

Sánchez, que ya fue citado en noviembre del 2014 en calidad de testigo junto a otros trabajadores de la Diputación de León, ahora deberá comparecer ante el magistrado como presunto responsables de un delito de malversación de caudales públicos.

Asimismo, deberá testificar por un delito de fraude en la contratación por los pagos que con dinero hizo público que presuntamente hizo a Alejandro de Pedro para conseguir que Marcos Martínez (alcalde de Cuadros) lograse el apoyo de Génova para sus aspiraciones políticas.

Sánchez tendrá que comparecer en la Audiencia Nacional el próximo 13 de septiembre a partir de las 12:00 horas.

La acusación

El informe de la UCO sobre Pedro Vicente Sánchez destaca que era él la «persona de la más íntima confianza» de Martínez Barazón y que, como tal, asistió «a las reuniones en las que se conciertan los términos de la configuración y adjudicación» de varios contratos públicos.

Tanto en la etapa de Isabel Carrasco como posteriormente en la de Martínez Barazón el ahora investigado actuaba en funciones de 'jefe de gabinete', una figura que como tal no figuraba en el escalafón administrativo pero cuyo trabajo era realizado por el ya citado por el juez.

El documento también resalta que el alcalde de Puebla de Lillo actuaba «de facto como coordinador de prensa» del entonces presidente de la Diputación y que, como tal, «verificaba y aprobaba el pago de facturas emitidas por Alejandro de Pedro» cuyo abono se camuflaba por la inserción de publicidad institucional en la red de diarios 'zombies' de este último.

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«A juicio policial -continúa el documento-, dichas facturas eran emitidas presuntamente para costear los servicios de reputación online y asesoramiento-promoción política del presidente de la Diputación de León [Martínez Barzón] amparándose en la inserción y facturación de 'banner' publicitarios en los mismos diarios digitales de Alejandro de Pedro», se puede leer en el documento.

Además los agentes aseguran que «llama la atención las razones de urgencia alegadas por Pedro Vicente [Sánchez] para no someter estas facturas al procedimiento de fiscalización ordinario» y que «a juicio policial» sólo pretendía «evitar» los controles de la Administración.

Las 'flechas' que apuntan al alcalde

Las 'flechas' que apuntan en la investigación hacia el actual alcalde de Puebla de Lillo llegan igualmente desde documentos y declaraciones de testigos.

En concreto y según consta en el procedimiento una de las trabajadoras del gabinete de prensa de la Diputación apuntó a éste como el «coordinador de los trabajos» y entre ellos el envío de noticias elaboradas a Alejandro de Pedro.

Esas noticias eran posteriormente replicadas en los digitales 'zombies' que el 'conseguidor' tenía a nivel nacional y cuyo único fin era la mejor de la reputación online primero de Isabel Carrasco y más tarde de Marcos Martínez Barazón.

Además otra trabajadora del gabinete de prensa de la Diputación indicó que era el hoy alcalde de Puebla de Lillo, Pedro Vicente, le entregaba las facturas para pagar al experto en reputación online, además de firmarlas y pasárselas al interventor.

Otros apuntes

En el informe policial, según el citado diario, también aparece recogido un documento que supuestamente entregó el regidor ahora investigado al gerente de la empresa pública de Gestión de Residuos Solidos Urbanos de León (Gersul) para que ésta se hiciera cargo del pago de facturas a Alejandro de Pedro por un valor de 6.000 euros.

La investigación ha constatado que una de las sociedades de este experto informático, Madiva Editorial, mantuvo un contrato con la Diputación de León desde mediados de 2013 hasta que se desató la operación a finales de octubre de 2014 a razón de 3.600 euros mensuales.

En total, la Diputación reconoció a la Audiencia Nacional pagos por algo más de 105.000 euros en dos años y medio por este concepto.