El Gobierno británico no podrá deportar a comunitarios sin techo

Indigentes buscan alimentos en contenedores en Londres./Reuters
Indigentes buscan alimentos en contenedores en Londres. / Reuters

Una juez inglesa falla contra una política que, asegura, incumple los tratados internacionales y es discriminatoria

ÍÑIGO GURRUCHAGALondres

Una juez inglesa ha fallado que la política del Gobierno de detener y deportar a ciudadanos de la UE que se encuentran sin techo es ilegal, porque va contra lo estipulado en las reglas europeas sobre la libertad de movimiento de personas y su derecho de residencia. El Ministerio de Interior ha respondido a la sentencia anunciando que no la recurrirá y que una nueva guía de actuación tendrá en cuenta su contenido.

Organizaciones no gubernamentales habían presentado la denuncia contra la política del Gobierno, afirmando que desde 2010 se ha multiplicado por cinco el número de deportados de la UE tras ser detenidos cuando dormían en las calles. El Ministerio de Interior afirma que no tiene estadísticas. Policías y funcionarios de inmigración los detenían en base a una interpretación legal de su situación como un abuso de las directiva comunitaria sobre derechos de residencia.

El Gobierno cambió la ley en 2016 y la definición de la supuesta falta como 'abuso' pasó a ser de 'mal uso.' La juez Beverly Lang ha fallado que no existen tales faltas porque el hecho de carecer de una vivienda estable, cuando se dan las condiciones para una residencia legal, no puede ser la base para deducir que se vulnera la directiva. La juez afirma que la política del Gobierno incumple los tratados internacionales y es discriminatoria.

«Verificación sistemática»

La sentencia afirma también que la aplicación de esa política constituye una 'sistemática verificación' de la situación de personas procedentes de la UE, que está también prohibida en la directiva europea de 2004. El Gobierno británico puede ser ahora obligado por los tribunales a pagar compensaciones a personas detenidas y deportadas, y a aceptar el regreso a Reino Unido de los que habían sido expulsados.

El endurecimiento en la política hacia la inmigración ha sido constante en los últimos años y ha aumentado en el contexto del 'Brexit'. En noviembre, una circular emitida por el Ministerio de Justicia advirtió a los jueces de primera instancia de que deben pedir la nacionalidad a los acusados en la primera vista. Hasta ahora, la identificación del acusado se limitaba a dar su nombre, su edad y su residencia.

Según organizaciones no gubernamentales, el objetivo de la medida- que no está incluida en la ley en la que se basa y por eso no fue sometida al Parlamento- es favorecer un entorno judicial más favorable a las deportaciones. También han denunciado, según informaba 'The Guardian', el intercambio de datos entre el Servicio Nacional de Sanidad y el Ministerio de Interior, porque podría quebrar el derecho de los pacientes a la confidencialidad.

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