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Mercedes Gallego
Corresponsal en Nueva York
Martes, 5 de junio 2018, 23:38
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De los cuatro colaboradores directos de la campaña de Donald Trump imputados por el fiscal especial Robert Mueller, sólo uno se ha negado a colaborar. Se trata de Paul Manafort, que llegó a ser presidente de la campaña. Sobre él pesan 32 acusaciones que van desde la evasión fiscal hasta el fraude bancario. Su antiguo jefe ha dejado claro que puede exonerarle de todo, pero Manafort no se ha conformado con quedarse sentado en casa a la espera del juicio.
La fiscalía le acusa de haber tratado de interferir con los testigos del caso y tiene como prueba los correos electrónicos y mensajes que envió a sus contactos en Ucrania mediante aplicaciones encriptadas. Para evitar que siga haciéndolo desde el arresto domiciliario que obtuvo bajo fianza, Mueller pide al juez que revierta ese voto de confianza, respaldado con más de once millones de dólares en propiedades inmobiliarias, y lo encarcele hasta que se celebre el juicio. Eso podría cambiar la actitud del 'lobista' de 69 años acostumbrado a una vida de lujos.
A través de sus cuentas pasaron en poco tiempo 75 millones de dólares, de los que al menos 18 eran dinero negro. Durante una década había trabajado como lobista para destacados oligarcas rusos y ucranianos cuya relación se fortaleció cuando decidió trabajar gratis para la campaña de Trump en marzo de 2016. A partir de ahí ofreció a oligarcas como el magnate del aluminio Oleg Deripaska 'sesiones informativas privadas' sobre el curso de la campaña. Su papel es clave para la investigación de la trama rusa, aunque por ahora el fiscal especial se ha reservada las acusaciones más graves con la esperanza de obtener una confesión.
Según las nuevas acusaciones vertidas en 18 folios presentados el lunes ante el tribunal, desde su arresto carcelario en febrero pasado el ex jefe de campaña ha contactado en varias ocasiones a uno de los testigos identificados por la prensa como Konstantin Klimnik, su socio en Ucrania durante casi una década. Un agente del FBI asegura que intentó sobornarle para que cometiera «perjurio» y alentase a otros testigos a mentir a los investigadores ocultando el trabajo que habían hecho en EE UU. El abogado de Manafort lo niega todo, aunque el FBI dice tener los correos electrónicos que se intercambiaron.
Su encarcelamiento tendrá que ser dirimido por el juez en una audiencia prevista para el día 15. Varios senadores demócratas involucrados en la investigación legislativa se han mostrado partidarios de que espere juicio en prisión. Detrás del peligro que supone la libertad del arresto domiciliario se esconde también una prueba de fuerza. El presidente y el fiscal especial miden sus armas a diario con distintas estrategias. El primero alardea de su poder absoluto, el segundo responde en los tribunales. Acostumbrado a jugar duro, Trump maneja la idea de resistirse a declarar ante el fiscal o un gran jurado pero sus propios abogados le han advertido que de hacerlo el caso podría llegar hasta el Supremo, un tribunal imprevisible cuya decisión no se puede recurrir la decisión.
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