Los tribunales militares llegan a su fin en Pakistán tras 161 sentencias a muerte por terrorismo

  • La creación de estas cortes fue una de las medidas dictadas por el Ejecutivo después del ataque talibán contra una escuela que en diciembre de 2015 acabó con la vida de 125 estudiantes

Los tribunales militares paquistaníes para casos de terrorismo llegaron hoy a su fin al expirar la enmienda constitucional que estableció su creación hace dos años, tras emitir 274 sentencias, 161 de ellas a muerte, y la ejecución de 12 condenados.

"Los tribunales militares llegan a su fin hoy y los casos que enjuiciaban serán trasladados a tribunales antiterroristas", dijo a Efe el fiscal general del Estado, Ashtar Ausaf Ali.

Una fuente militar que prefirió mantener el anonimato indicó a Efe que "los tribunales seguirán la dirección constitucional".

El 6 de enero de 2015, el Parlamento paquistaní aprobó por mayoría la Vigésimo primera Enmienda Constitucional y la Ley del Ejército de Pakistán 2015 que establecía la creación por dos años de tribunales militares especiales para casos de terrorismo.

La creación de estas cortes fue una de las medidas dictadas por el Ejecutivo después del ataque talibán contra una escuela que en diciembre de 2015 acabó con la vida de 125 estudiantes en la ciudad de Peshawar, en las áreas tribales del noroeste del país.

Además, el primer ministro paquistaní, Nawaz Sharif, levantó a finales de 2014 la moratoria que pesaba sobre la pena de muerte para los casos de terrorismo, al día siguiente del ataque a la escuela y en marzo siguiente lo extendió al resto de delitos.

Desde entonces, 274 personas han sido condenadas en los tribunales militares, 161 de ellas a muerte y 113 a penas de cárcel, y otras 12 han sido ejecutadas, según datos publicados recientemente por la oficina de comunicación del Ejército (ISPR, en inglés).

Los juicios militares se celebraban a puerta cerrada sin presencia de la prensa y el Ejército se limitaba a anunciar los fallos, en ocasiones en las redes sociales.

Estos tribunales han sido criticados por activistas de derechos humanos, pero el Tribunal Supremo paquistaní avaló su legalidad en una apelación del Colegio de Abogados del máximo organismo judicial del país en agosto de 2015.

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