Los trabajadores a tiempo parcial hacen en la región el doble de horas extras que hace un año

Salida de la fábrica de un grupo de trabajadores . / JORDI ALEMANY

Antes de la reforma laboral no trabajaban ninguna y ahora realizan casi tantas como los de jornada total

Ángel Blanco Escalona
ÁNGEL BLANCO ESCALONAVALLADOLID

«Los trabajadores a tiempo parcial no pueden realizar horas extraordinarias», dice el Estatuto de los Trabajadores, que sin embargo puntualiza que «se podrá pactar la realización de horas complementarias entre empresario y trabajador» siempre y cuando se trate de contratos con jornadas de trabajo «no inferiores a diez horas semanales» y con la condición de que el número de horas complementarias «no podrá exceder del 30% de las horas ordinarias objeto del contrato».

Hasta aquí la teoría. Ahora, si no la realidad, sí al menos la estadística: según la Encuesta Trimestral de Coste Laboral del INE, los trabajadores con jornada parcial de Castilla y León hicieron en el segundo trimestre de 2017 una media de 0,51 horas extraordinarias al mes. En el mismo trimestre de 2016 eran menos de la mitad, 0,24, y en 2008, apenas ascendían a 0,05.

De modo que las horas extras (30,6 minutos por persona al mes para el conjunto de sectores, frente a los 14,4 minutos del año pasado y los tres de antes de la crisis) se han duplicado en el último año en un colectivo de trabajadores que legalmente no tiene obligación (ni «puede») realizarlas. De hecho, esta modalidad de exceso de jornada casi ha igualado la que realizan los empleados con contrato a tiempo completo, que hicieron 0,56 horas extras de media (33,6 minutos) en el segundo trimestre de este año.

La labor de la inspección

Los sindicatos llevan años llamando la atención sobre las irregularidades que se producen en los contratos a tiempo parcial, en los que se cotiza por unas pocas horas y después se llevan a cabo jornadas «incluso por encima de la legal», con el consiguiente «fraude a la Seguridad Social por la realización de muchas horas extraordinarias no cotizadas».

Además, este mismo año CC OO denunció la escalada de horas extraordinarias obligadas y no cotizadas (ni cobradas, claro, aunque quizá sí compensadas), que en 2016 cifró 1,3 millones, equivalentes a la creación de 300.000 puestos de trabajo. También hace unos meses, UGT calculó que entre 2010 y 2015 el número de horas extra pagadas se redujeron el 13,8% mientras las horas extra no pagadas crecieron el 33,5%.

Con el objetivo de acabar con las horas extraordinarias no declaradas en los sectores con más abusos y a instancias sindicales, entre los meses de enero y mayo de este año la Inspección de Trabajo visitó 591 centros de trabajo de la comunidad autónoma y detectó 132 infracciones que multó con más de 135.000 euros, además de practicar 311 requerimientos.

«Estas cifras dan cuenta del nivel de fraude que se da en este asunto y de la oportunidad de desarrollar una campaña de control de las horas extras», señalaron desde UGT, a la vez que lamentaron la reciente Sentencia del Tribunal Supremo (caso Bankia) por la que se establece que las empresas no están obligadas a llevar un registro de la jornada diaria de la plantilla y solo deben llevar un registro de horas extras realizadas de acuerdo a la interpretación que realizan de lo fijado en el artículo 35.5 del Estatuto de los Trabajadores.

121.500 ocupados menos a plena jornada, pero 24.500 parciales más

Si uno de los pilares sobre los que se sustenta la recuperación de la economía después de la crisis es la apuesta de las empresas por las exportaciones, otro es la mayor facilidad para la contratación de trabajadores a jornada parcial, que no deja de ganar peso trimestre a trimestre hasta suponer ya el 15,6% del total del empleo (ocupados EPA en el II trimestre) en Castilla y León, tres décimas más que en el conjunto de España.

Los trabajadores que no completan la jornada –y aquí caben todo tipo de posibilidades, incluidas solo unas pocas horas a la semana– son ya 152.100, cuando hace nueve años, en el segundo trimestre de 2008, sumaban 127.600, el 11,9% del total. Es decir, son 25.000 más que antes de la crisis cuando el total de ocupados está todavía casi 100.000 por debajo de la cifra de entonces. Peor incluso es el saldo de los trabajadores con jornada íntegra, que de 944.500 han pasado a los 823.000 actuales, esto es, 121.500 menos.

Forzado en el 60%de casos

Además, en un informe del pasado junio, el Banco de España señalaba que «el reciente incremento de trabajadores con contrato a tiempo parcial involuntario tiene un componente estructural», que no se está corrigiendo con la recuperación. El porcentaje de empleados con contrato a jornada parcial que querrían tenerlo a tiempo completo se ha duplicado desde antes de la crisis y ha pasado del 30% al 60%. El organismo supervisor alerta de que los ocupados obligados a trabajar por horas tienen cada vez más dificultades para ampliar su jornada.

El empleo a tiempo parcial siempre ha tenido rostro femenino, un perfil que se ha acentuado en los últimos años. Mientras en 2008 las mujeres con contrato incompleto eran el 24,2%de las ocupadas en Castilla y León, ahora suponen el 28%. Mientras, en el caso de los hombres esta tasa ha evolucionado del 3,9% al 5,8%.

A juicio del sindicato, esto «anula por completo la capacidad de probar el cumplimiento de la jornada laboral y los horarios pactados, tanto del trabajador como de la Inspección de Trabajo». «Lo absurdo de esta interpretación es que aquel trabajador, o bien la Inspección de Trabajo, que quiera probar la realización de exceso de jornada y, por tanto, horas extraordinarias encubiertas, no contará con instrumento registral alguno para ello. Tan solo contará con un impreciso calendario laboral que no permitirá inferir el fraude», explicaron desde la central.

Esta sentencia, además de legitimar un fraude generalizado en sectores como el bancario, la hostelería y el comercio, donde el exceso de jornada es una práctica conocida por todos, impide que la campaña que se está llevando a cabo en la región, y cuyos resultados revelan su utilidad, pueda seguir desarrollándose con las mismas garantías, sostiene UGT, que retiró su exigencia del registro de la jornada de trabajo como medida antifraude.

La prolongación de jornadaa, que solía afectar solo al sector servicios, en lo que va de año se ha extendido a la industria

El pasado mes de mayo, la Inspección de Trabajo difundió una instrucción que rectificaba otra anterior de marzo de 2016 en la que se pedía a los inspectores y subinspectores que exigieran a las empresas el registro diario de jornada como método obligatorio para poder comprobar si se realizaban horas extras. Estaba motivado por una serie de sentencias de la Audiencia Nacional contra varias entidades bancarias. Pero los bancos recurrieron y en marzo pasado, el Tribunal Supremo dictó dos sentencias en las que eximió a las empresas de la obligatoriedad de registrar a diario la jornada de los trabajadores.

En Castilla  y León, volviendo a la encuesta del INE, la realización de las horas extra entre los trabajadores a tiempo parcial fue mayor por primera vez en la industria (0,61 horas al mes) que en el sector servicios (0,51). En la construcción el dato es 0,0.

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