El empleo público lidera la recuperación en la comunidad

Un empleado público atiende a dos ciudadanos tras la ventanilla./LORENZO CORDERO
Un empleado público atiende a dos ciudadanos tras la ventanilla. / LORENZO CORDERO

Hay 8.000 ocupados más que antes de la crisis, frente a los 41.000 autónomos menos y los 66.000 asalariados perdidos en el sector privado

Ángel Blanco Escalona
ÁNGEL BLANCO ESCALONAVALLADOLID

Si el sector público se hubiese comportado como el privado durante lo peor de la crisis y hubiese destruido empleo con el mismo ensañamiento, quizá el mercado laboral seguiría sin salir del agujero. Frente a la intensidad con la que se manifestó la crisis y sus devastadoras consecuencias en las empresas, sus empleados y los trabajadores por cuenta propia, quienes han tenido como pagador al Estado en sus distintas manifestaciones han sufrido mucho menos los rigores del desempleo. En diferentes medidas, esto puede aplicarse tanto para los puestos de trabajo ‘más o menos fijos’ (funcionarios y personal laboral) como para los contratados en los diferentes programas de empleo articulados por los gobiernos de Zapatero y Rajoy y también por las comunidades autónomas y entidades locales.

Ahora, si hacemos balance de cómo se encuentran los diferentes segmentos en los que se puede dividir el colectivo de ocupados de Castilla y León, el que resulta menos perjudicado es el del personal al servicio de las Administraciones Públicas. El de los asalariados del sector público sale, incluso, bien parado.

En una comparación reducida a tasas para que resulte homogénea, el panorama se resume en que hoy Castilla y León tiene el 9,2% de ocupados menos que hace un decenio (la comparación es entre la Encuesta de Población Activa del II trimestre de 2017 y la del mismo periodo de 2007); en asalariados totales la reducción es del 6,9% y en asalariados del sector privado es del 10,1%. Mientras, en trabajadores por cuenta propia (versión EPA) la mengua es del 17,2%. Y frente a estos datos, la cifra de asalariados del sector público se ha incrementado el 4,4%. Es decir, que el empleo público es el único que ya ha superado el nivel precrisis en la comunidad autónoma.

Los planes de empleo local puestos en marcha por la Junta explican buena parte del alza de contratados por el sector público

No obstante, si lo que se toma en consideración es el Boletín Estadístico del personal al servicio de las Administraciones Públicas (enero 2007-enero 2017), el resultado es que los registrados en Castilla y León han disminuido el 4,2% debido, principalmente, a la no reposición de empleados jubilados. El boletín contabiliza a comienzos de este año 161.688 ‘efectivos’, mientras que la EPA del INE correspondiente al primer trimestre estimaba 184.100 asalariados del sector público.

El Ministerio de Hacienda se refiere a «funcionarios de carrera, funcionarios interinos, personal laboral, ya sea fijo, por tiempo indefinido o temporal; y personal eventual». Por su parte el Instituto Nacional de Estadística, en su encuesta, incluye «tanto a los funcionarios como a los contratados laborales, ya trabajen con carácter fijo o temporal».

Este colectivo estaba formado en la comunidad por 180.500 personas en el periodo abril-junio de 2007 y (siempre comparando segundos trimestres), alcanzó su máxima expresión cuatro años después, en 2011, con 212.300 ocupados. Estaba en pleno apogeo el Programa de Estímulo Económico, también conocido como Plan E o Plan Zapatero, consistente en más de 30.000 proyectos que regaron a los ayuntamientos de España con 8.000 millones de euros para dar ocupación a más de 410.000 personas.

Un año después, ya con Mariano Rajoy en el poder, lo asalariados del sector público contabilizaban en Castilla y León 195.300 personas, que bajaron a 187.500 en 2014. Desde entonces, con el impulso de los sucesivos planes de empleo local puestos en marcha por la Junta en colaboración con ayuntamientos y diputaciones, la cifra de ocupados con paga de la Administración han pasado de los 190.000 de 2015 a los 180.900 de un año después y los 188.500 del último cómputo.

El incremento de asalariados de la administración en la comunidad es dos puntos superior a la media nacional

Limitando la comparación a los datos de 2007 y 2017 son 8.000 asalariados más, frente a los 66.000 menos que todavía hoy tiene el sector privado (de 654.700 a 588.700 personas) o los 41.000 menos del grupo de trabajadores por cuenta propia (de 238.400 a 197.400). El RETA de la Seguridad Social muestra una disminución que va desde los 224.084 inscritos en marzo de 2008 (cuando integró los trabajadores del régimen especial agrario por cuenta propia) a los 200.948 de junio de 2017.

En tasas comparadas con el conjunto de España, la pérdida de asalariados del sector privado es en la comunidad cuatro décimas mayor; cuatro puntos mayor en el caso de los autónomos; mientras que en el empleo público Castilla y León registra un incremento dos puntos mayor (4,4% frente a 2,4%).

Echando mano del boletín del Ministerio de Hacienda, la evolución desde el punto de vista de las distintas administraciones refleja que los 84.407 empleados al servicio de la Junta de Castilla y León son 1.446 menos que diez años atrás (las comparaciones en este caso son del mes de enero); las 35.967 personas adscritas a la Administración Pública Estatal son 3.635 menos; las 32.811 que trabajan en la Administración Local eran 1.653 más hace un decenio y los 8.753 hombres y mujeres de las universidades de la comunidad son 246 menos que en 2007.

Trasladados a porcentajes, las reducciones son del 9,2% en la Administración del Estado; el 5% en la Local; el 2,8% en el sistema universitario y del 1,7% en la Junta.

Áreas de actividad

Bajando a un subnivel más de detalle, dentro de la Administración central hay hoy en Castilla y León 1.809 personas menos en los ministerios y áreas de actividad (hasta un total de 11.808 contabilizados en enero pasado); 880 más en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (9.247 personas); 802 menos en las Fuerzas Armadas (9.035); son 333 menos en la Administración de Justicia (3.776) y 2.227 menos en las empresas y entes públicos (1.831).

En cuanto al personal autonómico, los 20.018 empleados de las consejerías y sus organismos autónomos son 3.509 menos que en enero de 2007; los 30.325 trabajadores de la docencia no universitaria suponen 748 menos; mientras que los 34.064 de las instituciones sanitarias son 2.811 más.

Para completar la contemplación integral del cambio de escenario no se puede obviar que Castilla y León ha perdido 78.405 habitantes entre enero de 2007 y enero de 2017, el 3% de su población. En ese periodo, Zamora ha sufrido una disminución del 8,8%, que en el caso de León es del 4,2% pero más en número (20.860 personas). El 5,5% ha perdido Palencia (9.515 personas) y el 5% Ávila (8.476). Soria ha perdido el 3,6% de sus empadronados; Salamanca, el 3,3%;Segovia el 2,3% y Burgos, el 2,1%. Valladolid es la única provincia que ha visto aumentar sus vecinos en este decenio, un podría decirse que pírrico 0,82% que se traduce en 4.237 personas.

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