Más de 8.000 trabajadores sufren rebajas salariales en 336 «descuelgues» empresariales de convenio con la reforma laboral

Más de 8.000 trabajadores sufren rebajas salariales en 336 «descuelgues» empresariales de convenio con la reforma laboral

CCOO estima que son muchos más «por la vía de los hechos» y arremete contra esta forma de devaluación de los derechos de los asalariados

El Norte
EL NORTEValladolid

La aprobación de la Reforma Laboral en el año 2012 trajo aparejado un incremento de los descuelgues empresariales de las condiciones fijadas en convenios colectivos, que se va estabilizando con la mejora económica. Las inaplicaciones registradas en el último lustro suman ya 336 que afectaron a 8.047 trabajadores de Castilla y León, según los datos recabados por CCOO, que estima unas cifras «muy superiores» porque muchos descuelgues se ejecutan «por la vía de los hechos» y no se comunican.

El secretario de Acción Sindical del sindicato en Castilla y León, Fernando Fraile, explicó a Ical, que la reforma estableció la obligación de registrar los descuelgues ante la autoridad laboral pero no reguló «medidas ni instrumentos» para garantizar los requisitos que exige esta decisión, como la legitimidad de negociar y acordar, la negociación efectiva y de buena fe, la documentación necesaria y suficiente, la acreditación de las causas, las materias objeto de inaplicación, la proporcionalidad y eficacia de las medidas y la duración temporal o no retroactividad. «La reforma facilitó completamente el descuelgue y ni siquiera existe un control de legalidad», lamentó.

La realidad, explicó Fraile, es que se está utilizando esta figura de forma «abusiva» y completamente arbitraria por parte de los empresarios, principalmente en pequeñas empresas, sin representación legal de los trabajadores, donde se crean comisiones ‘ad hoc’ para aprobar los descuelgues y aunque no haya una causa se sigue adelante y no se puede impugnar, con lo que el empleado no tiene capacidad de respuesta.

En este sentido, los datos que maneja el sindicato constatan que de los 336 descuelgues empresariales registrados desde la entrada en vigor de la reforma laboral, 204 correspondieron a empresas de uno a diez empleados, el 60,71% del total; mientras que 91 fueron actividades de entre 11 y 49 trabajadores, el 27,08%; 22 de entre 50 y 99, el 6,54%; y 19 de más de 100, el 5,65%.

La capacidad de inaplicación «arbitraria» de los descuelgues también queda reflejada, dijo Fraile, en un análisis de las actividades de la Comisión de Convenios Colectivos de Castilla y León, donde llegan en el caso de que una de las partes no esté conforme. Y es que el año pasado este órgano se encargó apenas de cuatro asuntos, entre ellos únicamente de una inaplicación (junto a una extensión de convenio y consultas sobre el paraguas negociador aplicable a algunas actividades).

Fraile reconoció que la mejora económica ha venido acompañada por una merma sustancial de los descuelgues registrados, aunque insistió en que son conscientes de que estas prácticas para recortar condiciones frente a las pactadas en convenio superan con creces los datos oficiales. El informe indica que el momento de una mayor número de descuelgues fue 2013, con 122 que afectaron a 3.495 trabajadores, una cifra que ha ido decayendo hasta este año, hasta los 28 con 365 afectados. En concreto, pasó a 75 con 1.738 afectados en 2014; a 55 sobre 1.295 asalariados en 2015; y a 45 sobre 639 en 2016. El año 2012 fue de transición en la aplicación de la nueva norma y sólo se contabilizaron once sobre 515 trabajadores.

Derogación de la reforma

Fraile denunció que la inaplicación de las condiciones fijadas por los convenios colectivos constituye una de las patas que introdujo la reforma laboral aprobada en 2012 para devaluar las condiciones salariales y laborales de los trabajadores de Castilla y León durante el último lustro. La nueva regulación laboral abrió el abanico de materias, causas y la vía de aprobación de los descuelgues limitados antes de la modificación del marco regulatorio a salarios y, si no no había, acuerdo se derivaban a la comisión paritaria de convenios.

El dirigente sindical aclaró que tras la reforma, la inaplicación de extendió prácticamente a todas las materias que contemplan los convenios desde la salarial a las condiciones sociales y laborales, y las causas se extienden a las de tipo organizativo, de producción o tecnológicas.

Fraile destacó que la flexibilización de la inaplicación de los convenios, junto con el «chantaje» introducido en las negociaciones colectivas con la eliminación de la ultractividad, y la preponderancia de los convenios de empresa frente a los sectoriales, fueron las tres medidas que desde la reforma laboral, devaluaron las condiciones salariales y sociales de los trabajadores, por lo que insistió en pedir la derogación del marco.

Con todo, resumió que la principal vía de la devaluación salarial ha llegado de las modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo por parte del empresario, desde la arbitrariedad total de las empresas, que sólo requieren diez días de consultas, y sino hay quejas siguen para adelante o crean comisiones ad hoc para su aprobación.

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