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Varios miembros del sindicato CSIF.
Los funcionarios piden cerrar los ministerios a las seis de la tarde

Los funcionarios piden cerrar los ministerios a las seis de la tarde

El sindicato CSIF también quiere impulsar la jornada laboral de 35 horas semanales y para ello buscará el apoyo de las CC AA

Lucía Palacios

Jueves, 29 de diciembre 2016, 18:32

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Los funcionarios han recogido el guante lanzado por el Ministerio de Empleo de impulsar un gran pacto nacional por la conciliación y racionalización de horarios. De este modo, consideran que «las Administraciones Públicas deben ser el modelo a seguir en materia de conciliación» y el principal sindicato de este colectivo, CSIF, firmó este jueves un acuerdo con la Comisión Nacional para la Racionalización de Horarios Españoles (ARHOE) en el que piden al Gobierno «dar ejemplo» y cerrar los ministerios a las seis de la tarde, la misma hora a la que la ministra Fátima Báñez consideró que debe terminar la jornada laboral. Y, evidentemente, que se haga sin que ello suponga una pérdida retributiva ni condición de trabajo, al tiempo que garantice y respete el horario que hay que cumplir.

Esta medida no es nueva y ya la implantó en el pasado el exministro de Administraciones Públicas Jordi Sevilla. Además, viene recogida en el II Plan de Igualdad. Pretendemos mejorar la calidad del empleado público e igualarnos, en cuanto a materia de conciliación, con nuestros vecinos europeos, sostuvo el presidente del sindicato, Miguel Borras, que precisó que esto sin duda acabará redundando en la calidad de todos los ciudadanos.

Por su parte, el presidente de ARHOE, José Luis Casero, resaltó que los agentes sociales son los protagonistas indiscutibles de este cambio y que la Administración, por tenerlo más fácil que las empresas privadas, puede ser la primera punta de lanza. Estamos hablando de horarios flexibles, saludables, productivos y humanos, indicó.

Pero ésta no es la única medida que se propone en este acuerdo. CSIF también se comprometió a promover la bolsa de horas, de manera que los empleados públicos tengan flexibilidad horaria para disminuir su jornada laboral en determinados periodos -y con motivos previamente acreditados- y recuperar el tiempo perdido con posterioridad, siempre con el objetivo de lograr la conciliación. En esta línea, defenderán también la aplicación de fórmulas de teletrabajo, siempre con un horario, como modelo complementario de la jornada presencial y cumpliendo la Ley de Prevención de riesgos laborales.

Estas tres propuestas coinciden con las lanzadas por el Gobierno y previamente acordadas con Ciudadanos y están recogidas en el Plan de Igualdad, aunque hasta el momento se han quedado como proyectos pilotos. Pero además incluyen una nueva: impulsar la jornada laboral de 35 horas semanales, algo que ya aprobó el mes pasado el Parlamento extremeño y que la Junta andaluza implantará en enero y que -a su juicio- genera empleo. Para ello buscarán el apoyo de las Comunidades Autónomas.

CSIF también considera preciso aprobar otras medidas que, aunque están incluidas en el Plan de Igualdad, aún no han sido aplicadas, como acortar diferencias entre el número de mujeres y de hombres que disfrutan de las medidas de conciliación: flexibilización de la jornada por guarda legal, para el cuidado de personas mayores, por enfermedad grave de un familiar o para el cuidado de personas con discapacidad.

A su vez, también apuesta por crear un distintivo de 'igualdad' que reconozca a aquellos departamentos, organismos de las Administraciones Públicas que destaquen por la aplicación de políticas de Igualdad y no discriminación o en la incorporación de medidas que favorezcan la conciliación, la racionalización de horarios y otras iniciativas innovadoras en materia de igualdad.

Más empleo público

Por otro lado, el presidente del sindicato de funcionarios aprovechó esta comparecencia para denunciar que desde el inicio de la crisis se han perdido 167.000 empleos públicos, por lo que emplazó al Gobierno a convocar una mesa de negociación para fijar la oferta de empleo de cara al año próximo.

Y más cuando -dijo- 120.000 trabajadores tienen más de 50 años y 27.000 están a las puertas de la jubilación, con lo que el problema de falta de personal se va a agravar hasta situar las plantillas en una situación insostenible.

En esta línea, criticó que a 29 de diciembre aún no se sabe qué va a pasar con el salario de los 2,5 millones de empleados públicos. Y es que el Gobierno aún no ha mostrado sus cartas de cuál es la subida que les aplicará a los funcionarios en 2017.

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