Uno de cada cuatro trabajadores de la región puede beneficiarse de la sentencia de la UE

Trabajadores en una oficina de empleo.
Trabajadores en una oficina de empleo. / EL NORTE
  • CC OO de Castilla y León emplaza al Gobierno a homologar las indemnizaciones de temporales y fijos y UGT carga contra los contratos eventuales y sucesivos para atender necesidades permanentes

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CC OO ha emplazado al Gobierno y a los partidos políticos a promover una reforma urgente para ajustar la legislación española al marco europeo que ha trazado el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en la sentencia que señala que no existen "razones objetivas" que justifiquen una diferencia de trato entre trabajadores temporales e indefinidos en cuanto a las indemnizaciones por fin de contrato. Para la unión regional del sindicato, la legislación "discrimina a casi cuatro millones de trabajadores temporales". En Castilla y León hay 187.400 personas que podrían beneficiarse por esta sentencia y suponen casi el 25% del total de ocupados. Mientras, UGT denunció la utilización de "nombramientos de duración determinada y sucesivos para atender las necesidades permanentes en sectores tan importantes como Educación y Sanidad".

El tribunal de la UE ha reconocido a los trabajadores eventuales el derecho a percibir la indemnización de 20 días por año trabajado, equivalente a la de los fijos, ya que equipara la finalización del contrato de los temporales con el despido objetivo de los fijos. En la actualidad, los temporales que ven finalizado su contrato tienen derecho a recibir un máximo de 12 días por año trabajado mientras los fijos, cuyo contrato solo puede resolverse con un despido, reciben 20 días si el despido es objetivo y 33 en caso de despido improcedente, según explica CC OO.

Hay que recordar que el despido objetivo para los temporales también está establecido en 20 días por año trabajado, por lo que esta modificación legal afecta únicamente a temporales que vean concluir su contrato de trabajo sin que medie un despido.

La sentencia, fechada el pasado 14 de septiembre, resuelve el caso de una ciudadana española, Ana de Diego, contratada por el Ministerio de Defensa en 2003 y que perdió su puesto de trabajo nueve años después. El Juzgado de lo Social número 1 de Madrid desestimó su recurso y ella llevó el caso ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, alegando que los contratos por interinidad se celebraron en fraude de ley y que su relación laboral debía convertirse en indefinida.

En respuesta a las cuestiones prejudiciales elevadas por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, el tribunal europeo ha apuntado que la legislación española es contraria a la normativa comunitaria al denegar una indemnización por finalización de contrato a trabajadores con contrato de interinidad mientras que la concede, en particular, a los trabajadores fijos comparables, según informa Europa Press.

Elemento pernicioso

La secretaría de Empleo y Formación de CC OO Castilla y León considera que la sentencia "tendrá efectos indudables para corregir uno de los elementos más perniciosos de nuestro sistema de relaciones laborales, como es un índice de temporalidad desproporcionado y una falta de protección efectiva de los trabajadores temporales frente a su cese".

En Castilla y León uno de cada cuatro trabajadores tiene un contrato temporal que, en el 68% de los casos dura menos de seis meses. De los 187.400 ocupados con contrato temporal, 97.500 son hombres y 89.800 mujeres. La inmensa mayoría de contratos temporales, más de 106.000, se realizan por circunstancias de la producción, unos 60.000 son por obra y servicio y 15.000 son de interinidad. El trabajo temporal se da especialmente en el sector privado, pero en las Administraciones Públicas hay 39.500 personas eventuales, casi el 22% del total de empleados públicos.

CC OO anuncia que promoverá "las acciones judiciales necesarias para asegurar el pago de las diferencias económicas a la totalidad de trabajadores temporales que han visto extinguido su contrato en el último año". Además, cree que la nueva situación requiere una reforma legislativa urgente que modifique el Estatuto de los Trabajadores.

Irregularidades en la Junta

El sindicato UGT, por su parte, señaló que gracias a la sentencia "se siente fortalecido en su reivindicación de recursos humanos adecuados para el sector público". "Es evidente que en estos momentos aún no se conoce la afectación de este fallo a la legislación española, pero no es menos cierto que somos conocedores de las irregularidades que en nuestra comunidad se están haciendo permitiendo la utilización de nombramientos de duración determinada y sucesivos para atender las necesidades permanentes en sectores tan importantes como Educación y Sanidad".

La nueva Federación de Empleados de los Servicios Públicos de UGT Castilla y León que lidera Camen Amez aprovechó para denunciar "los contratos de profesores itinerantes de esta comunidad que llevan su actividad incluso hasta cinco centros escolares con contratos sucesivos, enmascarando una necesidad importante de personal docente en plantilla fija".