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El coste laboral por empleado baja en 614 euros en la región en 2013

El diferencial entre Castilla y León y la comunidad con mayor coste, el País Vasco, se incrementó en 1.220 euros

Julio G. Calzada

Miércoles, 30 de julio 2014, 13:35

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El coste laboral por trabajador disminuyó en Castilla y León el año pasado en 614 euros con relación el nivel del año anterior, el 2012, de forma que los trabajadores de la comunidad cobraron de media 385 euros menos en su salario y vieron cómo se rebajaban el resto de los conceptos del coste salarial en otros 229 euros, la mayor parte en prestaciones sociales directas, que pasaron de una media de 323,87 euros al año a 189,52 según los datos de la Encuesta Anual de Coste Laboral publicada por el Instituto Nacional de Estadística.

Las cosas pueden contemplarse desde el punto de vista más positivo o desde el negativo. El primero hablaría cómo los trabajadores de Castilla y León han mejorado en su competitividad frente a la competencia, dado que sus salarios resultan más atractivos para las empresas interesadas en su contratación. Desde el lado negativo se podría precisar que la renta disponible de las familias castellanas y leonesas descendió por la reducción del estipendio medio que reciben los asalariados. A menos renta, menos consumo o lo que es lo mismo: menos demanda interna y más paralización de la actividad económica.

En datos, el coste laboral bruto por trabajador y año en 2013 fue de media en Castilla y León de 28.464,45 euros. En España fue de 30.905,55 euros. El coste laboral bruto hace referencia a todos los elementos que componen el pago por trabajador, de forma que está compuesto tanto por los sueldos y salarios como por las prestaciones sociales directas, las cotizaciones a la Seguridad Social y otros conceptos, como las subvenciones.

Un retroceso del 2,2%

El coste laboral neto (sin subvenciones y deducciones) por trabajador descendió en 2013 a 27.647,03 euros en Castilla y León, lo que supuso un retroceso del 2,2% sobre 2012. Este descenso (el más importante del país, igualado con el registro de Extremadura) contrasta con una subida de la media nacional del 0,1%, hasta los 30.686,71 euros, según recoge la Encuesta Trimestral de Coste Laboral publicada hoy por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

El coste laboral superó la media nacional en cuatro comunidades. Encabezó la lista el País Vasco (36.507,45 euros), seguida de Madrid (36.141,62), Cataluña (32.798,42 euros) y Navarra (31.789,27 euros). En el extremo opuesto se sitúan Extremadura (25.117,80), Canarias (25.254,81) y Galicia (27.099,36). De esta forma, se incrementa el diferencial de Castilla y León con relación al País Vasco en 1.220 euros. Casi la mitad de esa cifra corresponde a las prestaciones sociales, que desde este año tienen que declararse en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF).

El coste bruto por trabajador en Castilla y León se situó el año pasado en los 27.766,80 euros, frente a los 30.844,49 euros de la media nacional. Esta cuantía en la comunidad sale de la suma de 20.123,86 euros de media para sueldos y salarios por trabajador; 6.430,29 euros para las cotizaciones obligatorias; 148,09 euros para las cotizaciones voluntarias; 189,52 para prestaciones sociales directas, 875,04 para gastos de carácter social, indemnizaciones por despido o por fin de contrato, formación profesional, transporte, pagos compensatorios, pequeño utillaje, ropa de trabajo o selección de personal y 119,77 euros en subvenciones y deducciones.

Análisis de la estructura

En el análisis de la estructura porcentual sobre el coste bruto laboral, el 72,47% de la cuantía en Castilla y León se destina a los sueldos y salarios; el 23,16% a cotizaciones obligatorias y el 0,53% a las voluntarias; el 0,68 % a las prestaciones sociales directas, y el 3,15% a otros gastos.

El informe refleja que el 43,6% de los trabajadores de Castilla y León tenía en 2013 reguladas sus relaciones laborales mediante convenio colectivo con cantidades inferiores al estatal; el 24,6% en la media nacional; el 18,9% según el de empresa o centro de trabajo, y el 12,9 % por otra forma de regulación.

En cuanto a los centros de trabajo, el 71,5% tenía reguladas sus relaciones laborales por un convenio de rango inferior al estatal; el 19,3% por uno nacional; el 3,4 % por uno propio, y el 5,9%, por otras formas.

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