Un juzgado habilita a los ingenieros técnicos de teleco para firmar proyectos de baja tensión

Un hombre revisa una instalación eléctrica./GABRIEL VILLAMIL
Un hombre revisa una instalación eléctrica. / GABRIEL VILLAMIL

La sentencia desestima la tesis de la Junta de Castilla y León, a cuyas trabas achaca el colectivo el descenso del 50% que sufre en la actividad

Ángel Blanco Escalona
ÁNGEL BLANCO ESCALONAVALLADOLID

El juzgado de lo contencioso administrativo número uno de Valladolid ha reconocido que los ingenieros técnicos de telecomunicaciones tienen «la competencia profesional para suscribir proyectos de instalación eléctrica de baja tensión» y mediante una sentencia ha tumbado los argumentos de la Junta, que a través del Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo de Valladolid consideró que uno de estos titulados no era apto para llevar a cabo este tipo de proyectos.

La resolución de la magistrada saca los colores a la administración regional al especificar en su fallo que «la cuestión de fondo planteada, en relación a si los Titulados en Ingeniería de Telecomunicación tienen competencia para suscribir proyectos de baja tensión, ha sido ya resuelta en sentido afirmativo por nuestro Tribunal Supremo» en una sentencia de 2010».

Al estimar el recurso interpuesto por el afectado contra la resolución de la Delegación de la Junta en Valladolid, la jueza impone «la expresa condena en costas a la parte demandada con el límite de 1.200 euros por todos los conceptos».

Según señalaron desde el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos de Telecomunicaciones, «el proceso ha durado un año, mientras este tipo procesos pueden durar de tres a cinco años, lo cual es indicativo de lo irreal del contencioso planteado». «Hemos detectado un descenso del 50% de actividad de nuestro colectivo en Castilla y León y confiamos en que ahora con esta sentencia se recupere la actividad», añadieron desde el colegio, que considera que el caso «encierra un mal hacer por parte de los directores funcionarios». «Vamos a solicitar una reunión con la Junta, pues este tipo de despropósitos atentan contra la libre competencia, favorecen a unos colectivos y perjudican a todos los demás, incluido el ciudadano al que se somete a inseguridad jurídica y que tiene que pagar más por un servicio».

Los ingenieros técnicos de telecomunicaciones advierten que el coste que tiene para las arcas públicas, en forma de «abogados de la junta, sueldos de directores que insisten en hacer resoluciones contrarias a la ley, administración de justicia, jueces, fiscales, recursos, asciende a unos 10.000 euros».

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